Ante el persistente debilitamiento de la solidez fiscal del país, Moody’s Ratings recortó la calificación soberana de México a Baa3, desde la nota previa de Baa2. A la par de este ajuste, la agencia internacional modificó la perspectiva de la nota de “negativa” a “estable”, frenando de momento la posibilidad de nuevas degradaciones inmediatas.
De acuerdo con el reporte de la calificadora, los factores clave que detonaron este ajuste giran en torno al manejo del presupuesto y los compromisos financieros del Estado:
“El gasto rígido, una base de ingresos limitada y el apoyo continuado a Petróleos Mexicanos (Pemex) limitan la capacidad del Gobierno para estabilizar la deuda en un entorno de bajo crecimiento. A pesar de los esfuerzos por reducir el déficit fiscal, otras prioridades políticas, como la soberanía energética y un modelo de gasto redistributivo, han debilitado los pilares de la política fiscal”.
Esta acción por parte de Moody’s se presenta apenas una semana después de que S&P Global Ratings revisó su perspectiva sobre las calificaciones a largo plazo de México de “estable” a “negativa” por el debilitamiento de la flexibilidad fiscal, aunque en ese caso confirmó su nota en moneda extranjera en “BBB” y en moneda local en “BBB+”.
“Es como tener 70 de calificación”: Los riesgos de perder el grado de inversión
Con este movimiento, tanto Moody’s como Fitch Ratings (que mantiene la nota de México en “BBB-“) evalúan al país apenas un escalón por arriba de perder el grado de inversión, una línea roja que, de cruzarse, ahuyentaría capitales internacionales de los fondos de inversión más regulados del mundo.
Al respecto, Gabriela Siller, directora de análisis económico en Grupo Financiero BASE, recurrió a una analogía escolar para explicar la gravedad del estatus financiero actual de la República:
“Es como tener 70 de calificación”.
Moody’s argumentó que la posición fiscal de México se ha debilitado drásticamente en comparación con la de otros países que comparten la categoría “Baa”, elevando su vulnerabilidad a las crisis externas. Lo anterior se agrava debido a que se proyecta que el crecimiento económico siga siendo moderado a corto plazo, regresando de forma muy gradual a su tasa tendencial histórica cercana a 2.0%.
Respecto a la perspectiva “estable”, la agencia detalló que refleja la previsión de que el deterioro fiscal restante será paulatino y se mantendrá compensado por la estabilidad macroeconómica subyacente y la capacidad demostrada de las autoridades para ajustar las políticas monetarias ante perturbaciones.
Recorte al PIB y el impacto de la reforma judicial en la inversión
La calificadora afirmó que la escasez de inversión privada y las perspectivas de crecimiento moderadas están presionando las finanzas públicas. Por ello, la agencia redujo a menos de 1.0% su previsión de crecimiento del PIB real para este año, mientras que para 2027 estimó una expansión económica de apenas 1.3%.
Los analistas de la firma explicaron las causas estructurales detrás del freno económico:
“La desaceleración de la inversión privada desde 2024 refleja limitaciones estructurales de larga data relacionadas con la energía, el agua, la logística y la seguridad, así como la incertidumbre política derivada de la revisión del T-MEC y de los cambios en el marco institucional de México, incluida la reforma judicial”.
Aunque los ingresos públicos federales aumentaron hasta representar 19.1% del PIB, impulsados por una mayor fiscalización aduanera y tributaria, estos recursos resultaron insuficientes frente al avance de los gastos rígidos, tales como el pago de pensiones, subsidios y las transferencias de capital para absorber las pérdidas operativas de Pemex.
¿Qué detonaría una mejora o un nuevo hundimiento económico?
El informe concluye trazando dos rutas para la nota crediticia del país en los próximos meses. El escenario al alza se fundamenta en lograr una consolidación fiscal duradera que coloque los indicadores de deuda en una trayectoria descendente clara, acompañada de mayor previsibilidad política para atraer capitales.
En contraste, surgirá presión para un nuevo recorte si el gasto se desborda, si se debilita la credibilidad de las instituciones monetarias o si un periodo prolongado de debilidad económica agrava el déficit, lo que arrastraría a México a perder el grado de inversión en los mercados globales.
