El gobierno de Estados Unidos canceló vuelos desde el AIFA a su territorio, lo que generó una respuesta inmediata del gobierno mexicano y preocupación en el sector aéreo. La medida afecta rutas operadas por aerolíneas mexicanas que salían principalmente del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) con destino a ciudades estadounidenses.
Según la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, dos rutas vigentes desde ese aeropuerto se cancelarán a partir del 7 de noviembre, y once más, tanto desde el AIFA como desde el AICM, quedaron suspendidas con efecto inmediato. Las autoridades estadounidenses argumentaron que el traslado obligatorio de vuelos desde el AICM violó un acuerdo comercial bilateral.
La presidenta Claudia Sheinbaum expresó su desacuerdo con la decisión al señalar que las acusaciones de violación a la libre competencia no tienen sustento.
Afirmó que el país debe ser respetado e instruyó al canciller Juan Ramón de la Fuente a gestionar una reunión con el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, para abordar el tema. Sheinbaum también dijo que se reunirá con representantes de aerolíneas nacionales este viernes. México ha sostenido que el traslado de vuelos al AIFA se debió a razones de congestión y seguridad en el AICM, mientras que autoridades estadounidenses consideran que otorgó ventajas competitivas indebidas a aerolíneas mexicanas.
El impacto directo recae sobre rutas comerciales ya en operación y otras que estaban por iniciar. Vivaaerobus confirmó que quedarán suspendidos vuelos desde el AIFA hacia Los Ángeles, Chicago, Orlando, Austin, Dallas, Denver, Houston, Miami y Nueva York.
Por su parte, Volaris reportó que su ruta entre el AICM y el aeropuerto de Newark, Nueva Jersey, que comenzaría el 2 de noviembre, ya no se llevará a cabo.
Además, una segunda orden emitida por autoridades estadounidenses advierte que se podrían cancelar permisos de transporte de carga combinada en vuelos de pasajeros entre el AICM y Estados Unidos. Las aerolíneas mexicanas se mantienen en evaluación del escenario regulatorio y operativo.
