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Tras la tragedia de Ciudad Juárez, Chihuahua, han salido a la luz las condiciones de precariedad en que mantiene el Instituto Nacional de Migración a los migrantes que son detenidos.
En Juárez hay 4 000 personas que esperan el poder cruzar a los Estados Unidos, 3 000 más están en la periferia de la ciudad. En 2022 el gobierno de Estados Unidos expulsó a más de 22 000 migrantes en ese punto fronterizo, creando una crisis de servicios dentro de esta ciudad.
Claramente las autoridades municipales están rebasadas para atender a esta crisis. No tienen presupuesto para ello, no pueden ofrecer trabajo o alimentación a tanta gente, no pueden evitar que grupos criminales los secuestren y extorsionen, los ciudadanos empiezan a resentir su presencia y exigen respuestas a esta situación que no es exclusiva de Ciudad Juárez, escenas similares se repiten a lo largo de los 29 puntos fronterizos que tenemos con los Estados Unidos y en varias ciudades del sur y centro del país. El gobierno norteamericano ha expulsado bajo el título 42 a 2.7 millones de personas migrantes de marzo de 2020 a febrero de 2023, 60% ciudadanos mexicanos.
El organismo del Estado que debe ver y regular la migración es el Instituto Nacional de Migración dependiente de la Secretaría de Gobernación. Son aproximadamente 2 000 agentes operativos para todo el país y por ley no pueden estar armados.
El INM ejerce un presupuesto de 1 800 millones de pesos, sumados todos los apoyos federales el presupuesto para atender la migración es de 3 790 millones de pesos.
El sueldo del personal en el INM varía de 11 000 a 22 000 mensuales, con 10 o 20 agentes por estación que deben procesar los cientos de migrantes, clasificarlos, separarlos, cuidarlos y remitir enfermos a hospitales, ver por familias enteras que viajan, niños que hacen la travesía solos, notificar y asistir a la COMAR de ser necesario, identificar a centroamericanos con antecedentes penales, personas de interés para organismos de seguridad de otros países o que son miembros de organizaciones terroristas.
Es parte de las funciones que les son asignadas a este personal y todo ello sin infraestructura, recursos y capacidades operativas. La carga de trabajo es mucha y los recursos pocos.
En el INM las quejas por violación de los derechos humanos son constantes y los abusos también.
El INM está claramente rebasado para controlar el enorme flujo de personas que seguirán entrando al territorio nacional y el gobierno debe poder saber quienes son y en que condiciones entran al país,
El Estado debe dar condiciones dignas y trato justo a todos los migrantes que entren a México sin importar de donde lo hagan o quienes sean
La única institución de seguridad que puede lograrlo eficientemente es la Guardia Nacional y Sedena
La GN tiene los efectivos y capacidades necesarias para administrar y reformar al INM. Ellos pueden tomar el control operativo del problema migratorio hoy sin ningún problema y dejar la parte administrativa al INM. Sedena puede implementar el Plan DN III para alimentar y albergar a los migrantes en las ciudades fronterizas.
Si tan solo se utilizarán los 6 000 elementos y recursos que hoy en día se destinan a cuidar las instalaciones de metro CDMX en el problema de las instalaciones de migración se vería un verdadero cambio para los migrantes que siguen llegando a México
