A una semana de que la violencia estallara misteriosamente en varias entidades federativas donde gobierna la oposición, en vísperas de la semana en la que el presidente de la República pretendía violar la ley nuevamente, imponiendo a la Guardia Nacional bajo el mando directo de la Secretaría de la Defensa Nacional—en vez de mantenerla como debería de ser constitucionalmente, como una instancia civil de seguridad pública—el titular del Ejecutivo tuvo la ocurrencia de desempolvar el caso de los normalistas desaparecidos de Ayotzinapa, Guerrero, en el 2014.
Pese a que los cuestionamientos generados por la opinión pública, los medios y los partidos de oposición en torno a esa extraña violencia selectiva y desatada, el presidente López optó por guardar silencio durante sus mañaneras.
Lo mismo ocurrió en cuanto se le reprochó esta misma semana su hipocresía por su condena durante años—como eterno candidato—a la militarización del país, contraponiéndola ahora con sus intentos constantes por militarizarlo hasta el tope, ahora que está en el poder
Tan solo a un día de distancia que, como cortina de humo, el Ejecutivo presentó supuestos avances sobre la desaparición forzada de los 43 estudiantes, el Gobierno Federal anunció recientemente que acaba de lograr la detención de Jesús Murillo Karam, exprocurador general de la República durante el sexenio anterior.
Murillo Karam fue uno de los funcionarios del gobierno de Enrique Peña Nieto cuestionado por haber enarbolado la llamada “verdad histórica” para dar por terminada la búsqueda de los desaparecidos, así como una mayor indagación en torno a lo sucedido.
Sin embargo, si en realidad hubiera un interés por conocer o resolver la verdad sobre lo acontecido aquella noche en Iguala, queda claro que a quien habría de investigarse e interrogar sería nada menos que al actual inquilino de Palacio Nacional quien fue el que impuso como candidato y alcalde—pese a varias protestas de militantes en la región debido a la mala reputación del mismo—a José Luís Abarca y a su esposa María de los Ángeles Pineda Villa—vinculada directamente con el cártel “Guerreros unidos”—quienes ordenaron que los estudiantes fueran capturados y entregados a dicha organización criminal, sin olvidar que ambos criminales huyeron a refugiarse a la ciudad de México, en donde funcionarios del Gobierno capitalino, vinculados con López, fueron los primeros en ofrecerles protección y resguardo.
