A pocos días de realizarse, los efectos del llamado para revocación de mandato del domingo pasado siguen haciendo eco en el acontecer nacional.
Para el Instituto Nacional Electoral fue una prueba de fuego superada—pese haber sido desprovisto por el presidente de la República y el Congreso de los recursos para realizarla en pleno—en tanto para López, se convirtió en uno de sus peores fracasos.
Cabe recordar que la revocación de mandato como ejercicio político no es la primera en realizarse en nuestro país. En efecto, fue otro López quien en 1854 convocó a una consulta para conocer si continuaba como presidente de México.
Tras publicarse los resultados en El Universal, dos meses y tres días después de realizarse, con un marcador de 435,530 votos a favor y 4,075 para que fuera revocado, Su Alteza Serenísima Antonio López de Santa Anna optó por permanecer en el poder, sin anticipar que al año siguiente sería derrocado y exiliado por sus excesos.
Este 2022, con todo el poder de la presidencia de la República, con el uso y abuso del erario público, la utilización de aviones del Ejército Mexicano y la Guardia Nacional, con el Secretario de Gobernación violando la ley cínicamente—usando los mismos para hacer campaña a favor del presidente en varios estados del país—y aún con el acarreo bajo amenaza de quitarle apoyos a los sectores menos favorecidos, los resultados fueron negativos: de 30 millones que lo llevaron a la presidencia en el 2018 solo 14.9 millones, con trampas y coerción, avalaron la permanencia del inquilino de Palacio Nacional.
Pese a presumir este ejercicio innecesario que nos costó más de 1,500 millones de pesos, tratando de venderlo como “triunfo” al día siguiente, las reacciones violentas de su Gabinete no se hicieron esperar, teniendo como ejemplo a Pablo Gómez quien desde la Unidad de Inteligencia Financiera—y haciendo interpretación subjetiva de la Constitución—amenazó con que el voto para la Revocación de Mandato era obligatorio y quienes no votaron el domingo 10 de abril pueden ser sancionados con la suspensión de todos sus derechos políticos—como votar y ser votado—durante un año.
A final de cuentas, 8 de cada 10 mexicanos despreció la Revocación como una farsa impuesta por un presidente disminuido que eligió competir contra sí mismo, con todos los recursos del erario, con todo el poder del Estado, y que perdió.
