Esta semana entró en operación el Grupo de Alto Nivel de Seguridad en lo que se ha dado en llamar ‘Entendimiento Bicentenario’, nuevo nombre al acuerdo sobre cooperación y seguridad que substituye a la difunta Iniciativa Mérida.
Dicho entendimiento, en su parte operativa, busca combatir la violencia, impunidad, corrupción, homicidio doloso, tráfico ilegal de armas, trasiego de drogas, trata de personas, lavado de dinero y crímenes cibernéticos.
Para este inicio de operaciones se establecen cinco grupos de trabajo: Uno para proteger a los habitantes de ambos países contra la violencia, el segundo para prevenir y atacar los crímenes transfronterizos, un tercero para la persecución de redes criminales, un cuarto de defensa y marina, y finalmente un comité binacional de cooperación.
Al analizar los objetivos y alcances de estos grupos nos damos cuenta que la agenda norteamericana es la que predomina dejando los intereses mexicanos con el muy importante tráfico de armas hacia México.
Drogas, migración, corrupción, homicidio, impunidad, etc. son intereses y preocupaciones de nuestros vecinos y parte muy importante en su agenda de seguridad y política. Las muertes por sobredosis de fentanillo y la migración ilegal son la mayor preocupación de La Casa Blanca en la relación bilateral hoy en día.
No deja de crear asombro que el presidente Biden ese mismo día firme una orden ejecutiva facultando al Departamento del Tesoro de su país a perseguir cualquier extranjero que esté relacionado con el tráfico de drogas, sin importar que esta relación sea con o sin traficantes o carteles de droga.
Esta orden le da al Departamento del Tesoro autoridad extraterritorial para perseguir a cualquier persona remotamente relacionada con estos grupos criminales.
Asimismo, señala a cuatro países que en su visión albergan estos grupos Brasil, China, Colombia y México, la lista más grande por mucho es la que corresponde a México. En ella se incluyen ahora a los cuatro hijos de Joaquín (‘El Chapo’) Guzmán y un hermano por los que se ofrecen individualmente cinco millones de dólares por información que ayude a su localización y captura. También se incluyen grupos criminales que antes no estaban en el radar norteamericano como Los Rojos y Guerreros Unidos, ambos carteles tristemente célebres por estar relacionados con la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal en Ayotzinapa, o La familia Michoacana, un cartel que ha perdido fuerza frente a CJNG.
El mensaje para las autoridades mexicanas es muy claro cuando se señalan dentro de este nuevo entendimiento la importancia como objetivos prioritarios para el gobierno de Biden, y al aumentar montos de las recompensas parecieran decir: ¡Queremos que se les persiga y capture ya!
¿Cuánto tiempo podrá el gobierno de México seguir ignorando las presiones de Estados Unidos para cambiar su estrategia de no persecución de capos y grupos criminales?
El seguir jugando a la Torre de Babel en materia de seguridad es algo que a nuestros vecinos ya no les está gustando.
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