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En un país de instituciones, que goce de transparencia tanto como de representación popular auténtica, una de sus características lo es la división de poderes como punto de equilibrio. Y dentro de ese equilibrio debe presuponerse la autonomía del Legislativo y el Poder Judicial respecto al Poder Ejecutivo, salvo alguna eventualidad catastrófica en que el país se encontrara bajo estado de sitio o Guerra civil.
Nuestro país de momento—pese la violencia que lo carcome—no se encuentra en esos extremos. Sin embargo, el Presidente de la República no ha cesado de invadir la autonomía del Poder Judicial al igual que otras instituciones autónomas como el Instituto Nacional de Acceso a la información y Transparencia (INAI) y el Instituto Nacional Electoral (INE) donde ha intentado desde imponerle títeres al frente o descarrilar su funcionamiento, como cuando vetó hasta donde pudo el nombramiento de Consejeros para la Transparencia.
De aquí que ante las elecciones del 2024 y la urgencia de dinero para comprar de votos y asegurarse continuidad con su candidata de imposición, López apuesta por desbalijar al Poder Judicial en los fideicomisos que le corresponden a sus trabajadores.
Según la retórica del Ejecutivo, estos nuevos recortes no afectarán a los trabajadores de esta institución de la que pretende 15 mil millones de pesos, insistiendo desde su púlpito matutino en: “Decirles a los trabajadores del Poder Judicial que no es con ellos, no van a salir perjudicados en nada, al contrario, ellos van a resultar beneficiados”.
Ahora bien, sabiendo que desde que la Ministra espuria Yasmín Esquivel no logró imponerse como su instrumento para la Presidencia de la Suprema Corte, era de esperarse que se encargaría de hacer guerra de baja intensidad contra dicha institución.
Pese a los tres elementos serviles al interior de la misma, la Corte ha actuado como último contrapeso ante reformas y políticas prioritarias como facultar al INAI ejercer funciones, prohibir cambiar el mando civil de la Guardia Nacional al militar y la Ley Eléctrica.
Por su parte, un informe del Colegio de Abogados de Nueva York considera que los recortes del tabasqueño son un pretexto para minar la independencia del Poder Judicial bajo falsa pretensión de austeridad: “Esto va en clara contravía de lo afirmado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que ha establecido…que una reducción en el presupuesto del Poder judicial puede obstaculizar la impartición de justicia en detrimento de los usuarios del sistema de justicia”.
