A partir del 1 de enero, los estados de Indiana, Iowa, Nebraska, Utah y Virginia Occidental aplicarán restricciones al uso del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP), que impiden comprar refrescos, dulces y otros productos. Estas entidades son las primeras de al menos 18 que obtuvieron una exención federal para modificar los lineamientos del programa, que ofrece apoyo alimentario a más de 42 millones de personas.
La decisión se enmarca en una iniciativa federal encabezada por el secretario de Salud, Robert F. Kennedy Jr., y la secretaria de Agricultura, Brooke Rollins, con el propósito de restringir alimentos que consideran poco saludables dentro del esquema de asistencia alimentaria.
Las nuevas reglas afectan a aproximadamente 1.4 millones de beneficiarios del programa en esos cinco estados. En Utah y Virginia Occidental no se permitirán compras de refrescos y bebidas gaseosas con SNAP, mientras que Nebraska eliminará también las bebidas energéticas. Indiana excluye las bebidas azucaradas y dulces, y en Iowa, las normas aplican a productos gravables como refrescos, dulces y ciertos alimentos preparados.
Autoridades federales señalaron que la intención es reducir enfermedades crónicas relacionadas con el consumo de estos productos, aunque organizaciones de la industria señalaron que los sistemas estatales no están completamente preparados para implementar los cambios y podrían surgir complicaciones técnicas en los puntos de venta.
Diversas asociaciones, como la Federación Nacional de Minoristas y la Asociación Nacional de Tiendas de Comestibles, anticiparon mayores costos operativos, estimados en más de 2 mil millones de dólares entre la implementación y los gastos anuales, así como posibles conflictos entre clientes y tiendas. Según los lineamientos del Departamento de Agricultura de Estados Unidos, las exenciones tendrán una duración inicial de dos años, con posibilidad de extensión por tres más.
Cada estado deberá realizar una evaluación sobre el impacto de estas medidas, aunque persisten dudas entre especialistas en salud pública sobre la eficacia de las restricciones para mejorar la dieta de los beneficiarios y los posibles efectos colaterales que podría generar en sectores vulnerables.
