El escándalo por la criptomoneda $LIBRA, promocionada por el presidente argentino Javier Milei, escaló al Congreso esta semana, donde el jefe de gabinete Guillermo Francos compareció para defender al mandatario y deslindar responsabilidades del Estado en el colapso financiero que dejó pérdidas millonarias a pequeños inversionistas.
La crisis estalló en febrero, cuando Milei, con sus 3.8 millones de seguidores en la red social X, promocionó públicamente el proyecto $LIBRA como una forma de “incentivar el crecimiento de la economía argentina”. La criptomoneda se disparó de valor al instante, multiplicándose casi por cinco. Pero solo horas después, varias billeteras digitales —presuntamente con acceso privilegiado— retiraron unos 100 millones de dólares, generando un colapso total de la divisa digital.
Milei en el ojo de la justicia
Aunque el presidente aún no ha sido llamado a declarar, un fiscal argentino lo investiga por posibles delitos de estafa, abuso de autoridad, tráfico de influencias y cohecho. El caso también ha despertado la atención del Departamento de Justicia de Estados Unidos y de la Fiscalía de la Audiencia Nacional en España, donde el diputado Gerardo Pisarello presentó una denuncia formal.
El empresario estadounidense Hayden Mark Davis, de 28 años, es señalado como el desarrollador de la infraestructura tecnológica de $LIBRA. Se sabe que se reunió con Milei al menos dos veces desde octubre pasado, lo que ha levantado sospechas sobre el nivel de cercanía entre ambos.
Francos: “Fue un acto personal”
Durante su comparecencia ante el Congreso, Francos insistió en que Milei no participó en el negocio, y que su recomendación en redes fue una acción individual, no institucional.
“Fue un acto personal. El presidente solo difundió lo que le pareció una buena idea. No existió participación del Estado ni beneficio económico para Milei”, declaró.
Sin embargo, el funcionario evitó responder si el presidente o sus asesores investigaron los antecedentes del proyecto o del equipo detrás de $LIBRA antes de hacer la recomendación. También dijo desconocer el destino final de los fondos invertidos por miles de personas.
¿Acto de buena fe o influencia indebida?
Milei defendió su participación asegurando que actuó de buena fe y que quienes invirtieron sabían del riesgo. Sin embargo, el uso de su figura pública para impulsar una inversión financiera no regulada ha provocado una crisis política y judicial de gran alcance, que podría escalar aún más en las próximas semanas.
La empresa detrás del proyecto, KIP Protocol, enfrenta múltiples denuncias por parte de inversores que aseguran haber sido víctimas de una estafa organizada. La eliminación de la publicación original de Milei, apenas comenzaron las críticas, ha sido interpretada por la oposición como un intento de ocultar su implicación.
