Aunque la Corte Suprema de Estados Unidos analiza si Donald Trump excedió sus facultades al aplicar aranceles globales con base en una ley de emergencia, expertos señalan que el mandatario aún contaría con otras herramientas legales para mantener su política arancelaria.
En caso de un fallo desfavorable, podría recurrir a diversas leyes comerciales existentes, como la Sección 301 de la Ley de Comercio de 1974, que ha utilizado para imponer gravámenes a China por prácticas que considera desleales, o la Sección 232 de la Ley de Expansión Comercial de 1962, enfocada en medidas relacionadas con la seguridad nacional.
El presidente justificó los aranceles actuales al declarar que los déficits comerciales prolongados constituyen una emergencia nacional. Según datos del Laboratorio de Presupuesto de la Universidad de Yale, el arancel promedio de Estados Unidos subió de 2.5% a 17.9% desde su regreso al poder.
Sin embargo, el Tribunal de Comercio Internacional anuló en mayo sus aranceles recíprocos, al considerar que la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional de 1977 (IEEPA) no autoriza el uso de estas medidas en ese contexto. En los argumentos orales ante la Corte, varios jueces expresaron escepticismo respecto al alcance de las facultades presidenciales en materia comercial.
Además de las leyes mencionadas, Trump podría considerar el uso de la Sección 122 de la Ley de Comercio de 1974, que permite aplicar aranceles temporales por desequilibrios comerciales, o incluso recurrir a una disposición de la Ley de Aranceles de 1930, conocida como la Sección 338, que autoriza tarifas de hasta el 50% a países que discriminen a empresas estadounidenses.
Aunque esta última nunca se ha utilizado, funcionarios del gobierno han indicado que podría evaluarse como alternativa si la Corte Suprema bloquea el uso de la IEEPA. Las decisiones que tome el tribunal podrían definir el margen de maniobra del Ejecutivo en política arancelaria.
