La Cámara de Diputados aprobó una nueva ley contra la extorsión en México, que contempla sanciones de hasta 25 años de prisión, la persecución de oficio del delito y el bloqueo inmediato de los números telefónicos utilizados.
Con 339 votos a favor, 100 en contra y cuatro abstenciones, Morena y sus aliados avalaron la iniciativa promovida por la presidenta Claudia Sheinbaum, como parte del plan nacional contra este delito, que según datos oficiales, aumentó un 20.8% entre enero y septiembre en comparación con el mismo periodo del año anterior. El dictamen pasará al Senado para su revisión y posible aprobación final.
La ley contra la extorsión en México establece un tipo penal unificado con penas de seis a 15 años de prisión, ampliables hasta 25 años en presencia de agravantes.
El nuevo marco legal aplicaría de forma homologada en los 32 estados del país. Entre las modalidades incluidas se encuentran la extorsión telefónica, digital y la ejecutada desde centros penitenciarios. Para enfrentar la cifra negra, que representa aproximadamente el 97% de los casos no denunciados, el delito podrá investigarse sin requerir una denuncia formal y se habilita la denuncia anónima. Además, se obliga a las empresas de telecomunicaciones a colaborar en el bloqueo inmediato de líneas involucradas.
La aprobación se dio días después del asesinato de Bernardo Bravo, líder de productores de limón en Michoacán, quien había denunciado actos de extorsión en su sector. Bravo fue hallado sin vida el 20 de octubre en un vehículo en el municipio de Apatzingán.
Tras el hecho, el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, y el titular de la Secretaría de la Defensa Nacional, general Ricardo Trevilla, visitaron la región para reunirse con productores y anunciar medidas de seguridad adicionales. De acuerdo con datos de la Coparmex, las extorsiones representaron pérdidas por mil millones de dólares para el sector empresarial en los primeros nueve meses del año.
