Luego de una audiencia por videoconferencia que se extendió por casi 40 horas, una jueza dictó prisión preventiva al exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, así como a siete acusados más. Las autoridades judiciales federales los señalan por su posible participación en los delitos de delincuencia organizada y contrabando de hidrocarburos.
Durante la audiencia inicial, el Ministerio Público Federal (MPF), adscrito a la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), formuló la imputación formal. Para ello, los fiscales expusieron casi una centena de datos de prueba ante la jueza Alejandra Ramírez de la Vega.
Destino de los imputados y medidas cautelares
Tras diversos recesos a lo largo de la comparecencia, el MPF logró obtener la medida cautelar de prisión preventiva. En consecuencia, Ernesto Guillermo Ruffo Appel, Ricardo Thompson Navarro, José Merino Valdés Cuervo, Juan Hermilo Chávez Rodríguez y Luis Antonio Barrientos Juárez cumplirán esta determinación en el Cefereso del “Altiplano”, ubicado en el Estado de México.
Por otro lado, la jueza determinó disposiciones distintas para el resto de los implicados. En el caso de José María de la Peña Ramos y Guillermo de la Peña Rosales, ambos permanecerán en sus respectivos domicilios por motivos de salud. Asimismo, Adriana Magali Bárcenas Guillén quedará interna en el CERESO Nezahualcóyotl Sur.
La Fiscalía General de la República (FGR) informó que, posterior al debate entre las partes, la defensa de los imputados se acogió a la duplicidad del término constitucional. Debido a esto, su situación jurídica formal se definirá en los próximos días.
El esquema de contrabando y el daño patrimonial
Los hoy detenidos fueron capturados en coordinación con el Gabinete de Seguridad. Su captura es el resultado de una investigación de alta complejidad relacionada con operaciones irregulares de importación, distribución y comercialización de productos derivados del petróleo.
De acuerdo con el reporte oficial, el esquema de contrabando consistía en introducir combustible al país mediante declaraciones falsas o incompletas en las aduanas. Es decir, la organización reportaba menos hidrocarburo del que realmente transportaba, o bien, lo declaraba como si fueran otros productos para evadir el pago de impuestos.
Según las investigaciones vigentes, las operaciones de este grupo delictivo están vinculadas a las actividades de la empresa Ingemar, de la cual Ruffo Appel es accionista mayoritario. Por consiguiente, se estima que entre enero y julio de 2025 causaron un daño al erario federal de 4 mil millones de pesos ante la falta de cumplimiento en sus obligaciones fiscales.
Operativo de traslado al Altiplano
Finalmente, después de las 9:30 de la mañana, el exmandatario de Baja California y los demás acusados salieron de las instalaciones de la FEMDO. Para su traslado, las autoridades desplegaron un vehículo táctico de transporte blindado conocido como Black Mamba, operado por elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).
El traslado al Altiplano estuvo custodiado por un fuerte dispositivo de seguridad perimetral. Dicho despliegue integró cuatro camionetas tipo pick-up militarizadas de la Secretaría de Marina (SEMAR) y dos unidades de la Secretaría de Seguridad federal.
