Tras la redada migratoria realizada el 4 de septiembre en un sitio de construcción vinculado a Hyundai en el sureste de Georgia, cerca de 475 trabajadores fueron detenidos, lo que generó un alto nivel de incertidumbre y afectación entre las familias de los empleados.
Según organizaciones locales, muchas de las personas detenidas contaban con permisos legales de trabajo en Estados Unidos.
La mayoría eran coreanos que ya regresaron a Corea del Sur, pero otros —originarios de países como México, Guatemala, Colombia, Chile, Ecuador y Venezuela— permanecen en un limbo legal o no se tiene información sobre su situación actual.
Grow Initiative y Migrant Equity Southeast, dos organizaciones sin fines de lucro que prestan apoyo a comunidades inmigrantes, informaron que han recibido cientos de llamadas de familias angustiadas que buscan información y asistencia básica como alimentos y transporte. Algunos detenidos eran los únicos proveedores del hogar, lo que ha incrementado la presión económica en la zona. La fundadora de Grow Initiative, Rosie Harrison, indicó que la redada ha provocado una nueva ola de crisis entre las familias afectadas, muchas de las cuales reportaron que sus familiares arrestados contaban con licencias de conducir válidas y estatus migratorio regular.
El Departamento de Justicia indicó que algunos trabajadores intentaron esconderse dentro del sitio, incluso en un estanque de aguas residuales. Sin embargo, hasta el momento, ni el ICE ni el Departamento de Seguridad Nacional han confirmado cuántas personas continúan bajo custodia.
Según el abogado Charles Kuck, al menos dos de sus clientes estaban amparados por el programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA), uno de ellos ya fue liberado. Otros, como solicitantes de asilo con documentación en orden, también fueron detenidos. La arbitrariedad en la selección de quién fue liberado y quién permanece arrestado ha generado más interrogantes sobre los criterios aplicados durante el operativo.
