El escándalo estalló en Panamá tras el anuncio del contralor general Anel Flores, quien reveló los resultados de una auditoría a Panama Ports Company, filial de la multinacional china CK Hutchison, por supuestas irregularidades millonarias relacionadas con la renovación de una concesión portuaria clave en 2021.
Según Flores, la renovación —que extiende la operación de los puertos de Balboa y Cristóbal por 25 años más— se realizó sin la debida aprobación de la Contraloría y bajo condiciones “leoninas” que han causado un perjuicio económico al país estimado en más de 1.500 millones de dólares.
¿Qué se encontró?
El informe auditado señala:
- Incumplimientos de pagos y errores en cálculos contables
- Existencia de empresas fantasma operando dentro del puerto desde 2015
- Pérdidas para el Estado de al menos 300 millones de dólares en la última década
- Renovación del contrato en 2021 sin refrendo legal, según Flores
Tanta magnanimidad y benevolencia con una empresa extranjera debe ser explicada ante el pueblo y ante el Ministerio Público
Flores informó que presentará una denuncia formal ante el Ministerio Público y enviará el expediente completo a la Autoridad Marítima, que podría rescatar la concesión o modificar las condiciones contractuales.
¿Qué papel juega Estados Unidos?
Este escándalo se da en un contexto de alta presión geopolítica: el presidente Donald Trump ha señalado públicamente su preocupación por la influencia de China en el Canal de Panamá, y ha instado a su aliado centroamericano a “recuperar el control de su soberanía portuaria”.
En paralelo, se anunció en marzo que CK Hutchison venderá su participación mayoritaria en Panama Ports a un consorcio internacional liderado por la estadounidense BlackRock Inc., lo que muchos interpretan como un giro estratégico ante las presiones de Washington.
¿Qué es Panama Ports?
Panama Ports Company obtuvo en 1997 la concesión para operar los principales puertos de entrada del Canal de Panamá. En 2021, el gobierno del expresidente Laurentino Cortizo renovó el contrato automáticamente, decisión que ahora está siendo duramente cuestionada.
Durante sus primeros 25 años, el país habría dejado de percibir más de 1.200 millones de dólares, según el informe oficial, por una mala negociación de condiciones contractuales.
