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El Presidente Andrés Manuel López Obrador publicó la medianoche del jueves, en el Diario Oficial de la Federación, el “Plan B” de su reforma electoral.
A decir de miles, la reforma debilita las funciones del INE y del Tribunal Electoral, reduce su personal; además, permite a los funcionarios hacer propaganda durante las elecciones.
La reforma, que tiene el aval de los legisladores de Morena y sus aliados, consiste en una modificación a las leyes secundarias en materia electoral.
Esto surgió después de que el Presidente no logró los votos suficientes para modificar la Constitución. Sin embargo, esta reforma podría ser rechazada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Esta reforma reduce el Servicio Profesional Electoral y fusiona la estructura del INE y los Organismos Públicos Locales (Oples), con el pretexto de ahorrar dinero.
El “Plan B” propuesto por López Obrador elimina la estructura permanente subdelegacional del INE y reduce al mínimo el Servicio Profesional Electoral. A decir de analistas, el recorte impedirá contar con personal calificado para supervisar los comicios.
Al menos 2 mil 175 empleados del Servicio Profesional serán despedidos, lo que representa el 84.6% de las plazas. Además, otros 2 mil trabajadores administrativos.
Ex presidentes del INE, los actuales consejeros y académicos advierten del impacto que tendrá en la confección del padrón, el conteo de votos y la fiscalización de gastos.
La reforma faculta al Gobierno para intervenir en las elecciones, ya que los funcionarios podrán hacer propaganda, bajo el argumento de libertad de expresión.
Otro punto de controversia es que permitirá que los mexicanos en el extranjero voten con su pasaporte o su matrícula consular; un documento expedido no por el INE que es autónomo sino por la Secretaría de Relaciones Exteriores.
El asunto en la Suprema Corte de Justicia de la Nación
Sin embargo, estas medidas podrían ser suspendidas por la Suprema Corte, donde ya se presentaron controversias constitucionales.
El domingo pasado, miles de ciudadanos se manifestaron en contra del “Plan B” y solicitaron a la Corte que eche abajo la reforma en el Centro Histórico de la Ciudad de México y en al menos 100 ciudades más.
Antes de que entre en vigor, la reforma establece que el INE deberá destituir de inmediato a su secretario ejecutivo, Edmundo Jacobo Molina, por lo que se prevé que lo sustituya como encargado de despacho el director de Capacitación, Roberto Cardiel. En mayo, el Consejo General deberá designar al nuevo titular.
En abril, el Consejo General deberá exponer qué normas deberán modificarse para armonizarlas con la reforma, previo al proceso electoral del 2024.
Si la Suprema Corte de Justicia no la revierte, la reforma comenzará a implementarse en noviembre en lugar de septiembre. En ese mismo mes, el órgano electoral deberá informar sobre las adecuaciones administrativas y el costo de la reestructuración; además de despedir a los vocales ejecutivos, fusionar direcciones y eliminar unidades y áreas en la sede central.
El 15 de agosto deberán estar integrados los nuevos órganos y en mayo los nuevos directores.
El INE tendrá 180 días para realizar un nuevo cálculo y revisión integral de los tabuladores salariales de su personal y de los organismos públicos locales.
