Como ya es lugar común este sexenio, México volvió a las notas rojas a nivel internacional tras el brutal asesinato de dos sacerdotes jesuitas y un guía turístico en la comunidad rarámuri de Cerocahui, en Chihuahua; zona identificada por el presidente de la República como “ocupada por las bandas desde hace años”, sin que ese conocimiento fuera razón suficiente para que enviara a la Marina y la Guardia Nacional a eliminar ese problema desde antes.
Ante la falta de condolencias dignas del titular del Ejecutivo, estas llegaron desde el Vaticano en voz del Papa Francisco quien con dolor y consternación exclamó en plena Audiencia General: “¡Cuántos asesinatos en México! Estoy cerca con afecto y oración a la comunidad católica afectada por esta tragedia. Una vez más, repito que la violencia no resuelve los problemas sino que aumenta el sufrimiento innecesario”, mientras la Compañía de Jesús denunció en un comunicado que “los jesuitas de México no callaremos ante la realidad que lacera a toda la sociedad. Seguiremos presentes y trabajando por la misión de justicia, reconciliación y paz, a través de nuestras obras pastorales…” en lo que se presenta para ellos como la peor masacre contra la Orden desde el asesinato del Padre Pro y los años de la persecución antirreligiosa
Frente a lo que parece un acto más de violencia de Estado desatada, por las omisiones dolosas del Gobierno Federal y el fracaso de su estrategia de seguridad pública de “abrazos” para los delincuentes, la gobernadora de Chihuahua María Eugenia Campos Galván informó que ya fueron recuperados los cuerpos desaparecidos de las víctimas y ofreció una recompensa—la más grande ofrecida en el Estado—de $ 250.000 dólares por información que lleve a la captura de José Noriel Portillo alias “El Chueco”, como responsable.
Sin embargo, como una mala broma, el 21 de junio la titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez Velázquez, anunció que Clara Luz Flores, candidata perdedora al Gobierno de Nuevo León, sin experiencia alguna y ligada a la secta de abusadores NXIVM, llegará al Sistema Nacional de Seguridad Pública por orden directa—según presumió—del mismo presidente López, y en el peor momento posible: mientras Forbes expone a México como el 4 país más violento del mundo, con el mayor número de periodistas y sacerdotes asesinados este año, por encima de Ucrania
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