El gobierno mexicano ha autorizado la renovación de las visas para agentes de la DEA (El contingente más numeroso de todas las agencias de seguridad americanas que operan en territorio nacional) Parte de este acuerdo implica que un grupo de agentes mexicanos puedan operar es Estados Unidos con la finalidad de investigar el tráfico de armas hacia México. Esto es un gran paso adelante en la cooperación de ambos países en materia de seguridad e inteligencia.
Esta cooperación fue congelada unilateralmente desde la detención del general Salvador Cienfuegos en suelo norteamericano acusado de crímenes relacionados con el narcotráfico. Episodio que marcaría todos los apoyos mexicanos en materia de seguridad, inteligencia, cooperación, intercambio, defensas, entre otros con sus contrapartes estadunidenses
Cooperación necesaria para los intereses de ambos países, con una frontera compartida de 3 mil 200 kilómetros y 22 puntos de cruce aduanal, siendo Estados Unidos el principal socio comercial de México el no compartir información sobre los problemas comunes como migración, terrorismo, tráfico de armas, narcotráfico, crimen organizado, lavado de dinero, por mencionar sólo algunos se antoja una locura.
Ambos países han dependido de este intercambio de información y cooperación mutua aunque siempre desigual. Hoy esta cooperación se antoja más pareja por parte de los norteamericanos quienes son más propensos a actuar por la libre y sin aval o conocimiento de sus contrapartes mexicanas cuando así conviene a sus intereses o por simple desconfianza de las autoridades y el aparato de justicia de nuestro país.
Sin embargo, el presidente Biden ha firmado la “Ley Zapata” en honor al agente Jaime Zapata que murió asesinado en San Luis Potosí en 2011 cuando el vehículo en el que circulaba camino a Monterrey fue atacado por varios delincuentes que paradójicamente usaron armas que fueron importadas ilegalmente por el crimen organizado y cuya importación fue permitida y alentada por la ATF como parte de su ya infame operación “Rápido y furioso” que permitía la exportación en territorio mexicano para posteriormente rastrarlas e intentar ubicar los grupos criminales que las compraban y usaban.
Esta ley “Zapata” tiene carácter extraterritorial y no pasa por ningún mecanismo legal de solicitud de localización, arresto y extradición de las contrapartes nacionales. Dicha ley autoriza a las autoridades de justicia norteamericanas a perseguir criminales que cometan o atenten contra agentes norteamericanos en otros países en franca violación al derecho internacional.
Originalmente diseñada para ejecutarse en cualquier país el nombre de la ley deja muy claro hacia dónde se dirige, y manda un mensaje muy claro a autoridades y grupos criminales sobre la paciencia de los Estados Unidos hacia ambos.
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