Familiares de los 43 estudiantes desaparecidos en 2014 en Iguala confían en los avances que tiene previsto presentar el gobierno el sábado.
Ellos creen que se informará sobre órdenes de detención de militares o policías federales porque, según sus abogados, hay elementos para ello.
“Hay pruebas suficientes para proceder en contra de esas personas”, dijo a AP Santiago Aguirre, director del centro de derechos Humanos Prodh.
“Nos tiene que dar algo dar algo concreto, algo de avance” y esas detenciones lo serían, comentó Clemente Rodríguez, padre de uno de los jóvenes, Christian Alfonso.
Se desmorona la “verdad histórica”
La considerada “verdad histórica” aseguró que el 26 de septiembre de 2014, policías de Iguala capturaron a los estudiantes y los entregaron a miembros del crimen organizado, quienes los incineraron en un basurero de Cocula. Luego tiraron sus restos a un río cercano.
Entre los prófugos sigue el entonces responsable de la oficina de investigación de la fiscalía, Tomás Zerón, presunto artífice de la “verdad histórica”.
Asimismo, decenas del centenar de detenidos por el caso, incluidos sospechosos clave, fueron liberados debido a la irregularidad en el proceso, lo que indignó a las familias.
La secretaria de Gobernación, Olga Sánchez, adelantó que lo logrado por este gobierno “arroja luces sobre lo verdaderamente ocurrido esa trágica noche”.
El presidente prometió un informe detallado, pero las familias siguen preguntándose en mítines, protestas y manifestaciones dónde están sus hijos.
