Con 328 votos a favor, 131 en contra y cinco abstenciones, la Cámara de Diputados aprobó en lo general el dictamen de la nueva Ley de Aguas, que incorpora el reconocimiento del acceso al agua como derecho humano, sanciona su acaparamiento y establece nuevas penas para delitos relacionados con el uso de aguas nacionales.
El dictamen, impulsado por el grupo parlamentario de Morena y sus aliados, fue discutido en modalidad de trámite rápido, a pesar de la oposición de legisladores como la presidenta de la Mesa Directiva, Kenia López, quien cuestionó la dispensa de los procedimientos legislativos habituales.
El proyecto incorpora más de 50 cambios derivados de propuestas de organizaciones agrícolas y contempla ajustes adicionales en lo particular, según lo anunció el líder morenista Ricardo Monreal.
Entre los principales puntos destaca la inclusión de procedimientos expeditos para reasignar concesiones en caso de herencia, venta de tierras o modificaciones en estructuras jurídicas de propiedad. La ley prohíbe explícitamente la transmisión de derechos de concesión, salvo en los supuestos avalados por la autoridad correspondiente.
También se incorpora un nuevo capítulo de delitos contra las aguas nacionales, con penas de hasta ocho años de prisión para quienes gestionen concesiones mediante dádivas o cometan actos que afecten los cauces naturales, salvo en casos de uso personal, doméstico o agropecuario familiar.
De acuerdo con la iniciativa presentada por la presidenta Claudia Sheinbaum, el objetivo es garantizar el derecho al agua para todos los habitantes del país, combatir su uso indebido y reorganizar el sistema de concesiones. Según Efraín Morales López, titular de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), la propuesta busca recuperar la rectoría estatal sobre el recurso y eliminar su carácter de mercancía. La reforma aún debe discutirse en lo particular, donde se evaluarán los artículos reservados para cambios antes de su eventual aprobación final por el Congreso.
