La Fiscalía General de la República (FGR), en un operativo coordinado con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), cumplimentó una orden de aprehensión en la Ciudad de México contra Antonio Molina Díaz. El detenido se desempeñó como coordinador general de las prisiones federales durante las administraciones de los expresidentes Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, y se le vincula de forma directa con un presunto desvío superior a los cinco mil millones de pesos.
La captura fue ejecutada por agentes de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la FGR y elementos de la SSPC en las inmediaciones de la colonia Anáhuac, perteneciente a la alcaldía Miguel Hidalgo de la capital del país. Durante el aseguramiento, las autoridades federales incautaron la cantidad de dos mil 500 dólares y 36 mil 590 pesos en efectivo.
Contratos simulados en penales federales
Las indagatorias ministeriales, desarrolladas por la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), señalan que el exfuncionario federal fungió como un colaborador cercano del exsecretario de Seguridad, Genaro García Luna. De acuerdo con la línea de investigación, entre los años 2013 y 2018, Molina Díaz presuntamente suscribió contratos irregulares destinados a la construcción de ocho centros penitenciarios federales.
La hipótesis de la FEMDO sostiene que el imputado formaba parte de una red delictiva compleja encabezada por García Luna. En dicho esquema de corrupción habrían participado familiares, colaboradores cercanos y socios comerciales de empresas particulares, quienes presuntamente operaron de forma conjunta para desviar los recursos públicos asignados al Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social (OADPRS). La mecánica delictiva consistía en la utilización de empresas fachada y contratos simulados para extraer los fondos públicos.
Trasladado al penal del Altiplano
Luego de su detención en la Ciudad de México, Antonio Molina Díaz y los valores financieros asegurados fueron puestos a disposición de la autoridad judicial competente. El investigado fue recluido en el Centro de Justicia Penal federal adscrito a la penitenciaría de máxima seguridad del Altiplano, ubicada en Almoloya de Juárez, Estado de México.
En este centro de reclusión federal se llevará a cabo la audiencia inicial de imputación, espacio en donde el juez de la causa determinará su vinculación a proceso y fijará las medidas cautelares correspondientes mientras se resuelve de manera definitiva su situación jurídica.
