Autoridades mexicanas de los tres órdenes de gobierno desplegaron un operativo coordinado de seguridad con el objetivo de localizar a la periodista Roxana Guzmán Ramírez, quien fue privada de la libertad este martes en el municipio de Nanchital, Veracruz. La entidad federativa se mantiene identificada de manera histórica como una de las regiones de mayor riesgo para el ejercicio del periodismo en el país.
La Fiscalía General del Estado (FGE) de Veracruz informó de manera oficial la apertura de una carpeta de investigación a través de la Fiscalía Regional de Coatzacoalcos. Asimismo, notificó que fiscales, peritos y elementos de la Policía Ministerial se encuentran realizando las diligencias pertinentes en la zona para esclarecer los hechos e identificar a los presuntos responsables.
“Desde el momento que se tuvo conocimiento de los hechos, la trilogía investigadora realiza actos de investigación para esclarecer los hechos, localizar a la víctima y determinar la identidad de quien o quienes resulten responsables”, puntualizó la institución ministerial a través de un comunicado de prensa.
En paralelo, el Gobierno de Veracruz, mediante la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), confirmó la activación de los protocolos de búsqueda. En estas acciones participan de forma coordinada la Secretaría de Marina (Semar), la Guardia Nacional (GN) y la Policía Ministerial del estado.
Evidencian agresión en plataformas digitales
Las corporaciones de seguridad pública confirmaron el delito luego de que en redes sociales circulara una grabación que presuntamente muestra el momento exacto de la agresión. En el material audiovisual se observa a múltiples hombres armados irrumpir de forma violenta en el domicilio particular de Guzmán Ramírez, quien se desempeña como reportera en el medio de comunicación local Pulso Informativo del Sureste.
El suceso generó la condena inmediata por parte de diversas organizaciones civiles dedicadas a la defensa de los derechos humanos y la libertad de prensa. La organización Artículo 19 informó que realizó la documentación del caso e instó a las autoridades federales y locales a actuar con celeridad.
“Hacemos un llamado a actuar con la máxima diligencia y coordinación para garantizar su pronta localización con vida”, manifestó la agrupación civil.
Adicionalmente, Artículo 19 solicitó formalmente que la labor periodística de la comunicadora sea considerada como línea prioritaria dentro de la investigación, demandando la aplicación estricta del Protocolo Homologado de Investigación de Delitos contra la Libertad de Expresión.
Exigen garantías para la libertad de prensa
Por su parte, Amnistía Internacional (AI) calificó la privación de la libertad de la reportera como una grave afrenta colectiva. El organismo internacional subrayó que la agresión contra un miembro de la prensa no solo atenta contra la vida e integridad de la persona afectada, sino que lesiona de manera directa el derecho de la ciudadanía a mantenerse informada y vulnera la libertad de expresión en el entorno nacional.
México figura de manera recurrente en los informes globales de la organización Reporteros sin Fronteras (RSF) entre las naciones más peligrosas del mundo para ejercer el periodismo fuera de contextos de guerra declarada. Dentro del panorama nacional, el estado de Veracruz concentra el índice más alto de agresiones letales contra comunicadores: el recuento de Artículo 19 detalla que al menos 32 periodistas han sido asesinados en la entidad desde el año 2000.
