La estrategia de “puño de hierro” del gobierno de Donald Trump en aguas latinoamericanas ha alcanzado un nuevo pico de violencia. Este martes, el ejército de Estados Unidos atacó una embarcación en el océano Pacífico oriental, dejando un saldo de cuatro personas muertas. Con esta acción, la cifra de fallecidos en operativos marítimos asciende a 175 personas desde que inició esta campaña hace siete meses.
Un “conflicto armado” declarado por Trump
El presidente Trump ha defendido estas acciones bajo la premisa de que Estados Unidos se encuentra en un “conflicto armado” contra los cárteles del narcotráfico. Según el Comando Sur, las embarcaciones destruidas —incluidas tres atacadas entre el sábado y el lunes— eran operadas por “organizaciones terroristas designadas”.
A pesar de la difusión de videos que muestran explosiones en alta mar, el Pentágono no ha aportado pruebas públicas que vinculen directamente a los fallecidos con actividades terroristas, limitándose a señalar que transitaban por “rutas conocidas de narcotráfico”.
El contexto político: De Maduro al Pacífico
Esta escalada bélica en el mar se enmarca en un contexto de alta tensión regional. Los ataques comenzaron meses antes de la intervención militar que culminó en enero con la captura de Nicolás Maduro. El expresidente venezolano se encuentra actualmente en Nueva York enfrentando cargos por narcotráfico, de los cuales se ha declarado inocente.
Eficacia bajo la lupa: El dilema del fentanilo
Analistas y críticos han puesto en duda tanto la legalidad internacional de estos ataques como su impacto real en la crisis de salud pública de EE. UU. Los argumentos principales son:
- Rutas terrestres: La mayor parte del fentanilo que causa sobredosis mortales ingresa a Estados Unidos por tierra a través de la frontera con México.
- Origen de precursores: La droga se sintetiza principalmente con químicos provenientes de China e India, una cadena de suministro que no se ve afectada por los bombardeos a lanchas en el Pacífico.
- Falta de debido proceso: Organizaciones de derechos humanos cuestionan la ejecución de personas en alta mar sin presentar pruebas de sus vínculos criminales.
Mientras la Guardia Costera de Estados Unidos suspende la búsqueda de sobrevivientes de ataques previos, el debate sobre si estas operaciones son una solución real o una estrategia de propaganda política se intensifica en Washington y el resto de América Latina.
