El Departamento de Justicia de Estados Unidos informó este viernes que la tecnológica IBM pagará 17 millones de dólares para resolver acusaciones de discriminación vinculadas a la aplicación de sus políticas de Diversidad, Equidad e Inclusión (DEI). La resolución marca un precedente histórico al ser la primera de su tipo bajo una interpretación novedosa de la Ley de Reclamaciones Falsas.
Aunque IBM ha negado las alegaciones y no admite responsabilidad legal, el acuerdo pone fin a una investigación que señalaba a la empresa por presunto fraude en contratos públicos derivado de la violación de derechos civiles.
Interpretación legal y combate al “fraude”
El Gobierno de Donald Trump ha comenzado a aplicar la Ley de Reclamaciones Falsas —tradicionalmente usada para perseguir fraudes financieros en contratos estatales— para sancionar lo que denomina “discriminación inversa”.
Esta estrategia se desprende de la “iniciativa de fraude en los derechos civiles” creada en mayo de 2025. Al respecto, el nuevo fiscal general interino, Todd Blanche, describió las políticas DEI como un “reembalaje” de la discriminación racial y aseguró que el objetivo del Departamento de Justicia es “hacer rendir cuentas a los ofensores y poner fin a esa práctica para siempre”.
Los señalamientos contra IBM
De acuerdo con el expediente del Gobierno, se alegaba que entre 2019 y la fecha actual, IBM incurrió en las siguientes conductas:
- Incentivos demográficos: Vinculación de bonos económicos al cumplimiento de metas de contratación basadas en demografía.
- Sesgo en procesos de selección: Alteración de criterios en entrevistas para basarse en la raza o el sexo de los candidatos.
- Oportunidades exclusivas: Oferta de mentorías, capacitaciones y otras ventajas laborales dirigidas únicamente a ciertos empleados bajo premisas de diversidad.
Contexto: La “cruzada” contra el DEI
Desde el inicio de su mandato, el presidente Trump emprendió acciones para desmantelar las políticas DEI a nivel federal y en el sector privado. Muchas de estas iniciativas fueron adoptadas por grandes corporaciones tras los eventos sociales de 2020 relacionados con el caso de George Floyd.
IBM, al igual que otras compañías líderes, ya había cancelado sus programas de DEI al comenzar la actual administración. No obstante, este acuerdo de 17 millones de dólares subraya la determinación del Gobierno por auditar las prácticas corporativas de años anteriores, considerándolas una forma de mala conducta que afecta los derechos civiles de los trabajadores.
Con información de EFE
