El gobierno de Donald Trump ha puesto en marcha una vasta maquinaria interagencias, liderada por el FBI, destinada a identificar y procesar a individuos y grupos calificados como “marxistas”, “anarquistas” y opositores a los valores tradicionales de Estados Unidos. Bajo el amparo del Memorando de Seguridad Nacional número siete (NSPM 7), la administración busca desmantelar lo que denomina una red de terrorismo doméstico vinculada al movimiento Antifa.
Esta nueva arquitectura legal no solo apunta a actos de violencia, sino que extiende su vigilancia a quienes expresen hostilidad hacia conceptos oficiales sobre la familia, la raza y la religión, generando una fuerte alerta entre organizaciones de derechos civiles.
El caso Texas: La primera condena por “apoyo al terrorismo”
El primer gran golpe judicial de esta política ocurrió en Fort Worth, Texas. Nueve manifestantes que protestaban contra las políticas migratorias en el centro de detención de Prairieland fueron declarados culpables de cargos graves, incluyendo homicidio y apoyo material al terrorismo.
El incidente escaló cuando una protesta que incluía el uso de fuegos artificiales terminó en un tiroteo tras la llegada de la policía. Aunque las leyes de Texas permiten el porte de armas automáticas, el uso de estas contra uniformados permitió al gobierno federal etiquetar el evento como un acto de “terrorismo doméstico”.
“Antifa es un grupo terrorista doméstico y este caso es solo el primer paso para desmantelarlos sistemáticamente”, afirmó la procuradora general, Pam Bondi.
La controversia: ¿Existe realmente una organización “Antifa”?
A pesar de la retórica oficial, el juicio en Texas dejó al descubierto grietas en el argumento del gobierno. Documentos internos del propio FBI confirmaron que no se logró ubicar una “célula organizada” de Antifa, concluyendo que, al menos en esa región, el grupo no existe como estructura formal.
Expertos y activistas señalan que:
- Antifa no es una organización con jerarquía o base de datos, sino una etiqueta de autoadscripción para diversos colectivos antifascistas.
- A diferencia de grupos de ultraderecha como los Proud Boys, no se han hallado comunicaciones coordinadas a nivel nacional para el movimiento Antifa.
- El gobierno está utilizando tecnología de reconocimiento facial y escaneo de iris para registrar a participantes en manifestaciones pacíficas.
Vigilancia a ONG y voces disidentes
La ofensiva se extiende al ámbito administrativo. La procuradora Bondi ordenó la creación de un “centro de comando” para investigar el estatus de organizaciones no gubernamentales (ONG) que se oponen al gobierno. El objetivo es verificar si estas instituciones tienen vínculos con el “terrorismo” para revocar sus beneficios fiscales y silenciar su capacidad operativa.
“Un sueño febril de conspiraciones”: ACLU
La Unión Estadunidense para las Libertades Civiles (ACLU) ha calificado el memorando NSPM 7 como un intento deliberado de intimidar a la oposición. Según la organización, equiparar la crítica política con “conspiraciones criminales” representa una violación fundamental a la Constitución de los Estados Unidos y al derecho a la libre expresión.
Mientras Washington planea una cumbre internacional en verano para compartir inteligencia sobre estos grupos con gobiernos aliados, la polarización interna en EE. UU. alcanza niveles críticos ante lo que muchos consideran el inicio de una era de persecución ideológica formalizada.
