El Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció la imposición de sanciones Santa Rosa de Lima contra el cártel mexicano del mismo nombre, una organización criminal dedicada al robo y tráfico de combustible. La medida también incluye a su líder, José Antonio Yépez Ortiz, quien permanece preso en México desde 2020.
De acuerdo con las autoridades estadounidenses, el grupo mantiene operaciones en el estado de Guanajuato, donde disputa el control territorial con el Cártel Jalisco Nueva Generación. El Tesoro señaló que las actividades de esta organización fortalecen un mercado negro transfronterizo de energía y afectan a empresas legales de petróleo y gas natural de Estados Unidos.
Según la información oficial, el cártel Santa Rosa de Lima opera desde 2014 y se originó en una comunidad de Guanajuato que dio nombre al grupo. El Tesoro indicó que el robo de hidrocarburos priva al gobierno mexicano de ingresos relevantes, debido a pérdidas multimillonarias para Petróleos Mexicanos.
En agosto, autoridades mexicanas aseguraron 164.000 litros de combustible presuntamente robado, como parte de operativos contra este tipo de delitos. Washington considera que el tráfico ilegal de combustible representa la mayor fuente de ingresos de los cárteles mexicanos fuera del narcotráfico.
El Tesoro explicó que el robo de crudo ocurre mediante sobornos a empleados de Pemex, perforaciones clandestinas en ductos y secuestro de camiones cisterna. Posteriormente, el combustible se comercializa en mercados ilegales dentro de México, Estados Unidos y países de América Central.
Para ingresar a territorio estadounidense, el producto suele declararse como “aceite residual” u otros materiales peligrosos, con el objetivo de evadir impuestos, regulaciones y revisiones aduaneras. En este contexto, el secretario del Tesoro, Scott Bessent, afirmó que las autoridades seguirán el rastro financiero de las organizaciones criminales sin importar el método utilizado para obtener o lavar recursos. Con estas sanciones Santa Rosa de Lima, el gobierno estadounidense busca frenar el flujo económico del grupo y limitar su capacidad operativa en ambos lados de la frontera.
