Un panel del Supremo Tribunal Federal de Brasil emitió nuevas condenas relacionadas con el intento de derrocar al gobierno en 2022, proceso en el que se investigó la planificación de acciones violentas contra autoridades. En esta resolución, los jueces sentenciaron a altos oficiales militares y a un agente de la policía federal a penas de hasta 24 años de prisión por su participación en un plan que incluía atentados contra el presidente Luiz Inácio Lula da Silva, el vicepresidente Geraldo Alckmin y un magistrado del tribunal.
Las autoridades judiciales indicaron que los acusados integraron un grupo que buscaba anular los resultados electorales, en concordancia con un caso previo donde el expresidente Jair Bolsonaro recibió una condena por liderar la organización. La frase clave sentencias por intento de golpe aparece en la revisión de este proceso, que avanza mientras las defensas preparan nuevas apelaciones.
El tribunal determinó que nueve de los diez acusados tenían responsabilidad penal en los hechos, mientras que un general retirado quedó absuelto por falta de pruebas. Siete de ellos recibieron condenas por intento de abolición violenta del orden democrático, tentativa de golpe de Estado, participación en organización criminal armada y daño agravado a instalaciones públicas. Otros dos fueron responsabilizados por delitos de asociación ilícita e incitación contra instituciones estatales.
Las condenas oscilan entre 23 meses y 24 años de prisión, con cuatro de los acusados alcanzados por la pena máxima. Entre los elementos evaluados por el panel se incluyeron documentos incautados donde se describían acciones proyectadas contra integrantes del Ejecutivo y del Poder Judicial. El fiscal general explicó que un agente federal logró incorporarse al equipo de seguridad presidencial, lo que facilitó la vigilancia del mandatario electo en ese periodo.
Las sentencias por intento de golpe se dictaron mientras otros implicados, incluido Bolsonaro, continúan bajo medidas cautelares. El expresidente permanece en arresto domiciliario desde agosto y su defensa mantiene recursos pendientes ante el tribunal. Las condenas solo comenzarán a ejecutarse cuando concluyan todas las instancias de apelación.
Este caso también influyó en las relaciones internacionales de Brasil, luego de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunciara un arancel del 50% a bienes brasileños mencionando este proceso. Ambas naciones retomaron el diálogo en fechas recientes con reuniones entre Lula y Trump durante un encuentro internacional celebrado en Malasia.
