El gobierno de Perú anunció que 24.000 policías en Lima serán reasignados a labores de inteligencia, como parte de una estrategia para enfrentar el aumento de delitos como la extorsión y los asesinatos en la capital.
El ministro del Interior, Vicente Tiburcio, explicó que los agentes trabajarán sin uniforme y se desplegarán en las zonas con mayor actividad criminal, con el objetivo de ofrecer una respuesta inmediata y más efectiva.
La medida se suma a otras acciones impulsadas en las últimas semanas por el gobierno del presidente interino José Jerí, quien asumió el cargo en octubre tras la destitución de Dina Boluarte. Desde entonces, el Ejecutivo decretó un estado de excepción con enfoque ofensivo, aunque los delitos vinculados al crimen organizado continúan en aumento, de acuerdo con reportes oficiales.
En una visita reciente a una empresa de transporte atacada por extorsionadores, el ministro Tiburcio reiteró la necesidad de fortalecer la vigilancia y la capacidad de respuesta de las fuerzas de seguridad.
En paralelo, el Ejecutivo enfrenta críticas por no revertir una serie de leyes aprobadas en años anteriores, que según especialistas dificultan el combate al crimen. Estas disposiciones eliminan la detención preliminar sin flagrancia, elevan los requisitos para confiscar bienes ilícitos, impiden procesar a partidos políticos como organizaciones criminales y limitan la colaboración eficaz.
Las cifras oficiales indican que los homicidios crecieron de 676 en 2017 a 2.082 en 2024, mientras que las denuncias por extorsión pasaron de 2.305 en 2020 a 21.746 el año pasado, según la fiscalía.
