La Cámara Federal de Apelaciones de Argentina ratificó este martes el procesamiento del expresidente Alberto Fernández por contratos de seguros en el sector público durante su mandato (2019-2023), al considerar que existió una presunta negociación incompatible con su cargo. La resolución, que no implica prisión preventiva, habilita al juez Sebastián Casanello a avanzar hacia un eventual juicio oral. También impone un embargo de bienes por 10 millones de dólares y la prohibición de salida del país sin autorización judicial.
El caso se originó tras un decreto firmado en diciembre de 2021, donde se obligó a entidades públicas a contratar pólizas exclusivamente con Nación Seguros S.A., empresa estatal que, además, pudo incluir aseguradoras privadas bajo esquemas de coaseguro.
Según la investigación, esto facilitó la asignación discrecional de contratos a intermediarios seleccionados sin licitación, quienes recibieron comisiones por montos elevados. Entre los señalados está Héctor Martínez Sosa, esposo de María Cantero, secretaria privada de Fernández, quien habría obtenido cerca del 60% de las comisiones pagadas por Nación Seguros S.A.
El fallo del tribunal rechazó los recursos presentados por la defensa de Fernández y otros imputados, quienes habían cuestionado la legalidad del proceso. Aunque se mantiene el avance hacia el juicio, se ordenó profundizar la indagatoria para esclarecer el flujo financiero detrás de las operaciones.
Fernández no ha emitido declaraciones sobre la resolución. Además, enfrenta otra causa penal por lesiones y amenazas contra su expareja, cuya elevación a juicio ya fue solicitada por la fiscalía.
