El tribunal oral que condenó a la expresidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, por corrupción en obra pública, ordenó este martes el decomiso de bienes por un valor equivalente a 500 millones de dólares. La medida también afecta a otras ocho personas condenadas en el mismo caso, incluyendo a exfuncionarios y empresarios vinculados a su gestión. La suma corresponde al monto que, según la justicia, fue desviado del Estado durante los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández, entre 2003 y 2015.
El decomiso abarca más de 100 bienes inmuebles, cuentas bancarias, sociedades comerciales y terrenos rurales que ya se encontraban embargados tras la sentencia dictada a fines de 2022.
En esa resolución, la expresidenta fue condenada a seis años de prisión e inhabilitada de forma perpetua para ejercer cargos públicos por el delito de administración fraudulenta. Desde junio pasado, cumple prisión domiciliaria en su residencia de Buenos Aires tras la confirmación de la condena.
El caso se originó por irregularidades en 51 licitaciones de obras viales adjudicadas en la provincia de Santa Cruz, que según la investigación formaron parte de una maniobra fraudulenta para beneficiar a empresarios allegados, como Lázaro Báez.
La justicia estimó el desfalco en 85,000 millones de pesos —unos 70 millones de dólares de entonces—, cifra que fue actualizada por peritos de la Corte Suprema. Los condenados apelaron el decomiso y se negaron a repartir proporcionalmente la responsabilidad económica, pero sus recursos fueron rechazados por tribunales superiores. Fernández no emitió comentarios tras conocerse esta última resolución.
