La Policía Nacional Civil informó sobre el desmantelamiento de una construcción metálica de dos niveles en el Centro de Restauración Constitucional, conocido como Pavoncito, ubicado a las afueras de Ciudad de Guatemala. La estructura, levantada sin autorización por internos identificados como miembros de la Mara Salvatrucha, contaba con base de metal, techo de lámina, paredes de tablaroca y aislamiento térmico. El hallazgo surgió durante una requisa realizada con el objetivo de localizar armas y drogas.
Este operativo ocurrió semanas después de la fuga de 20 reclusos de un penal cercano, lo que llevó a cambios en la dirección de seguridad del país. El hecho se vinculó con la presencia de pandilleros en prisión Guatemala, frase que marcó la atención pública reciente.
El director de la Policía Nacional Civil, David Custodio Boteo, explicó que 1,200 agentes participaron en la intervención. Según la autoridad, los internos cuentan con recursos financieros provenientes de actividades delictivas como extorsiones y la venta de droga al menudeo en distintos sectores de la capital. Boteo señaló que los reclusos habían montado lo que describió como espacios privados con materiales similares a los usados en viviendas de Estados Unidos para controlar la temperatura.
Indicó que también mantienen un proceso de verificación para establecer la identidad de más de mil internos y descartar que exista suplantación. Autoridades penitenciarias presentaron denuncias ante el Ministerio Público para iniciar una investigación que determine quiénes facilitaron la instalación de la estructura. El control al interior del penal se relaciona de manera directa con la presencia de pandilleros en prisión Guatemala, expresión vinculada con otros operativos recientes en centros de detención.
El Sistema Penitenciario recordó que meses atrás se habían retirado otras construcciones similares dentro del mismo penal. La disputa entre la Mara Salvatrucha y el Barrio 18 continúa en el país, con enfrentamientos que han dejado víctimas en distintos hechos recientes.
En julio, un ataque contra una funeraria donde se efectuaba un velorio relacionado con integrantes de estas agrupaciones concluyó con varias personas muertas y heridas. Tras ese episodio, el Ministerio de Gobernación ordenó el traslado de líderes de ambas pandillas a una prisión de mayor seguridad, lo que desencadenó motines y antecedió la fuga registrada en octubre. Las autoridades mantienen operativos en los penales para evitar nuevas construcciones no autorizadas y fortalecer el control interno.
