La economía rusa muestra señales de desaceleración tras dos años de expansión impulsada por el gasto militar. En este contexto, el gobierno de Vladimir Putin anunció una serie de medidas fiscales destinadas a recaudar más ingresos a través de aumentos de impuestos y tarifas, en un esfuerzo por contener el déficit presupuestario que ha aumentado al 2.6% del PIB en 2025, según cifras oficiales.
Una de las medidas más destacadas es el incremento del impuesto al valor agregado (IVA) del 20% al 22%, previsto para entrar en vigor el 1 de enero. Se estima que esta alza podría generar hasta 1 billón de rublos adicionales (aproximadamente 12,300 millones de dólares). Además, se reducirá el umbral de ingresos anuales que obliga a las empresas a recaudar el IVA, bajando progresivamente de 60 millones a 10 millones de rublos hasta 2028, lo que afectará a pequeños comercios que anteriormente estaban exentos. El gobierno también planea elevar impuestos al alcohol, tabaco, vapeadores y vehículos importados, así como eliminar beneficios fiscales, en particular para automóviles con más de 160 caballos de fuerza.
Los aumentos han generado inquietud entre la población. Comerciantes y ciudadanos expresaron su preocupación por el impacto que tendrán estos ajustes en el consumo y en los precios finales. Autoridades del sector económico, como el director de Avtodom, advierten que estos cambios se reflejarán en una presión adicional sobre los precios y en la demanda de mayores salarios, lo que podría alimentar más inflación. El banco central mantiene una tasa de interés elevada del 16.5% para contener la inflación, que se sitúa en 8%, en parte impulsada por el gasto militar sostenido y la caída de los ingresos petroleros en un 20%.
El Kremlin continúa financiando sus compromisos bélicos y sociales sin acceso a mercados internacionales de deuda, por lo que depende de la recaudación interna. El ministro de Finanzas, Anton Siluanov, aseguró que el aumento de impuestos es preferible a más endeudamiento, para evitar una presión inflacionaria adicional. Si bien el gobierno mantiene solvencia a corto plazo, analistas prevén que en los próximos 12 a 14 meses Putin deberá tomar decisiones entre mantener el nivel de consumo interno o sostener el esfuerzo militar en Ucrania.
