El asesinato del presidente municipal de Uruapan, Michoacán, Carlos Manzo Rodríguez, provocó reacciones inmediatas en distintos niveles de gobierno y generó protestas durante su funeral, al que asistió el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla.
Diversos asistentes gritaron consignas en su contra, incluidas expresiones como “fuera asesino”. El hecho ocurrió el 2 de noviembre durante una celebración del Día de Muertos, cuando Manzo fue agredido a tiros en medio de una multitud tras concluir su participación en el evento.
Manzo había denunciado en múltiples ocasiones amenazas en su contra y había solicitado refuerzos federales, incluyendo armamento especializado, para fortalecer la seguridad municipal.
En mensajes dirigidos a la presidenta Claudia Sheinbaum y al secretario Omar García Harfuch, pidió mantener la presencia de la Guardia Nacional en el municipio y evitar el retiro de elementos. También manifestó su desacuerdo con la estrategia federal de seguridad. Días antes de su muerte, solicitó oficialmente ametralladoras para enfrentar a grupos delictivos con armamento superior.
Tras el ataque, dos personas fueron detenidas y otro presunto agresor perdió la vida, según informó el Gabinete de Seguridad. El área fue asegurada por autoridades estatales y federales. La presidenta Sheinbaum convocó de forma urgente a una reunión con el Gabinete de Seguridad en Palacio Nacional.
En tanto, representantes del gobierno de Estados Unidos, como los embajadores Christopher Landau y Ronald Johnson, expresaron sus condolencias y ofrecieron cooperación para combatir el crimen organizado. El asesinato de Carlos Manzo Rodríguez se suma a una serie de hechos violentos contra autoridades locales en el país.
