Dos funcionarios del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México (PJCDMX) y un agente del Ministerio Público han sido denunciados ante instancias de la Fiscalía capitalina por presuntos actos de corrupción, encubrimiento y abuso de autoridad. Las denuncias fueron interpuestas por el empresario transportista Gerardo Tamez Tamez, originario de Monterrey, Nuevo León.
¿Quiénes son los señalados?
Los señalados son:
- Roberto Landa Arenas, juez interino del Juzgado 32 Civil.
- Eugenio Ramírez Ramírez, magistrado de la Segunda Sala Penal del PJCDMX.
- Francisco Javier Díaz Monroy, agente del Ministerio Público adscrito a la Fiscalía de Procesos en Juzgados Civiles.
Según Tamez, estos servidores públicos habrían actuado de manera irregular para beneficiar al empresario minero potosino José Cerrillo Chowell, presidente de la empresa Fomento del Altiplano S.A. de C.V.
Primera denuncia: manipulación de expedientes
El 23 de mayo de 2025, Tamez denunció al juez Roberto Landa por haber modificado un acuerdo judicial publicado el 27 de febrero de 2025, eliminando del expediente físico una resolución que declaraba la caducidad del juicio mercantil 1051/2019. Esta supuesta alteración permitió reabrir el caso, lo que derivó en embargos contra los bienes y cuentas bancarias de Tamez y su empresa Transportes Peñón Blanco por un monto de 49 millones de pesos.
Segunda denuncia: bloqueo a investigaciones penales
El 17 de junio, el magistrado Eugenio Ramírez Ramírez fue denunciado por bloquear una investigación penal contra Cerrillo por un supuesto fraude de más de 828 millones de pesos. Según el equipo legal de Tamez, el magistrado habría excedido sus funciones al ordenar a la Fiscalía capitalina que no investigara al empresario minero, vulnerando el derecho de acceso a la justicia del denunciante.
Tamez obtuvo una suspensión definitiva del Juzgado 16 de Distrito en Materia Penal, lo que permite a la Fiscalía continuar con las investigaciones contra Cerrillo Chowell.
Denuncia adicional contra Ministerio Público
El 28 de septiembre, y ampliada el 6 de octubre, se presentó una tercera denuncia contra el MP Francisco Javier Díaz Monroy, a quien acusan de actuar de forma parcial, al judicializar rápidamente una denuncia en contra de Tamez, mientras obstaculizaba otra en la que Cerrillo y su equipo eran los acusados.
El agente ministerial habría considerado como delito que Tamez señalara derechos litigiosos como forma de pago en un juicio, algo que sí permite la ley y la jurisprudencia (registro digital 170378).
“Uso indebido del poder judicial”
Los abogados de Tamez aseguran que estas actuaciones forman parte de un esquema para ejercer presión y hostigamiento contra su cliente, manipulando tanto el aparato judicial como ministerial. Señalan también la velocidad inusual con la que se programó una audiencia penal contra Tamez, fijada para este 10 de octubre.
