Cinco estaciones de servicio en el estado de Chihuahua fueron clausuradas tras un operativo conjunto entre la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) y la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA), como parte del Programa Extraordinario de Verificación.
Las acciones se realizaron en los municipios de Chihuahua, Cuauhtémoc, Riva Palacio y Rosales. Según información oficial, se inmovilizaron 36 instrumentos de medición y se presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República.
Las estaciones clausuradas incluyeron a Folvaz S.A. de C.V., donde se detectó una diferencia de 644 mililitros por cada 20 litros despachados; Servicio Los Pepes S.A. de C.V. y Avecon S.A. de C.V., por irregularidades en sistemas electrónicos; y Tadegas S.A. de C.V., por incumplimiento técnico en registros.
Durante el operativo, ciudadanos difundieron videos en redes sociales mostrando el momento en que personal de Profeco colocaba sellos de clausura en una gasolinera con la marca Pemex.
También circularon testimonios sobre la estación Black Gold, en Cuauhtémoc, la cual cerró antes de ser inspeccionada, lo que generó comentarios sobre una posible evasión de la revisión. Estas publicaciones incrementaron la exigencia social de conocer los nombres de todas las estaciones verificadas y los resultados obtenidos.
En redes sociales, especialmente en los comentarios de publicaciones y notas informativas, usuarios han exigido saber qué estaciones fueron clausuradas y por qué. Comentarios como “¿Cuáles son?”, “Todas dan litros de medio”, “Hasta que se ponen a trabajar” y “No se vayan a cansar” reflejan una mezcla de hartazgo e incredulidad frente a lo que muchos consideran un problema generalizado en el país.
Profeco ha señalado previamente que algunas estaciones entregan cantidades menores a las que registran, lo que afecta directamente al consumidor final. Este tipo de verificaciones se da en un contexto en el que existen redes de contrabando de combustible procedente de Estados Unidos sin pago de impuestos, un fenómeno conocido como huachicol fiscal.
Además, se han detectado fraudes sistemáticos en estaciones del país que despachan menos combustible del que cobran, situación que ha generado una creciente desconfianza hacia el sector.
Un problema estructural: el contexto del huachicol fiscal y el robo al consumidor
Los operativos de Profeco no se dan en el vacío. Responden a un contexto más amplio que involucra dos problemas estructurales que afectan al mercado energético mexicano:
Huachicol fiscal:
El Financial Times documentó recientemente cómo redes criminales en México están introduciendo combustible desde Estados Unidos sin pagar impuestos, vendiéndolo a precios reducidos. Esto genera:- • Pérdidas fiscales millonarias por evasión del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS).
- • Financiamiento directo al crimen organizado, que ha convertido esta práctica en una de sus principales fuentes de ingresos.
• Fricciones diplomáticas con Estados Unidos, ante la sospecha de flujos ilícitos y colusión en puntos fronterizos.
• Daños al consumidor, ya que el combustible de contrabando suele ser de menor calidad y puede afectar el rendimiento o dañar los vehículos - Robo al consumidor final:
