El gobierno de Venezuela implementó acciones para frenar el aumento en la cotización del dólar en el mercado paralelo, lo cual ha generado una presión sobre el poder adquisitivo de la población.
Las autoridades detuvieron a más de 20 personas señaladas de operar sitios web y cuentas en redes sociales que difundían el valor no oficial del dólar. Una de estas personas es Carlos Andrés Pérez, de 40 años, acusado por la Fiscalía de afectar la estabilidad económica a través de sus publicaciones. Mientras tanto, los precios en el país continúan aumentando tanto en bolívares como en dólares, afectando la capacidad de compra de los ciudadanos.
Desde marzo de 2022, el salario mínimo en Venezuela se mantiene en 130 bolívares mensuales, equivalentes a 1,33 dólares, con un bono alimentario adicional de 40 dólares.
En mayo, el presidente Nicolás Maduro incrementó a 120 dólares un bono compensatorio que no impacta prestaciones laborales. Este ajuste busca aliviar el impacto de la inflación, que según el Banco Central de Venezuela cerró en 85% en 2024. A pesar de esto, diversos sectores consideran que los ingresos siguen siendo insuficientes para cubrir los productos básicos, cuyos precios varían dependiendo de si se toma en cuenta la tasa oficial o el valor del dólar paralelo.
El tipo de cambio informal suele ser más alto que el oficial, el cual es publicado diariamente por el Banco Central. Esta diferencia ha provocado una falta de uniformidad en los precios que pagan los consumidores, quienes muchas veces deben enfrentar valores distintos en comercios dependiendo del tipo de referencia usado.
Mientras algunos ciudadanos ven con aprobación que se imponga el uso de la tasa oficial, la economía venezolana continúa enfrentando dificultades estructurales que incluyen la caída de los ingresos petroleros y la persistencia de la inflación.
