Este domingo 1 de junio, se llevará a cabo en México la primera elección popular de jueces federales, resultado de una reforma impulsada por el expresidente Andrés Manuel López Obrador.
La votación definirá 881 cargos del Poder Judicial entre perfiles que surgieron de un proceso de selección organizado por tres comités del Poder Judicial, el Ejecutivo y el Legislativo. Aunque el Instituto Nacional Electoral (INE) estableció reglas estrictas para garantizar equidad, como la prohibición de apoyo partidista y límites de gasto, la campaña electoral registró actividades que han sido señaladas por aparentar una promoción indirecta desde distintos sectores políticos.
Durante la campaña, se identificaron acciones como la distribución de folletos informativos con nombres de aspirantes cercanos tanto al oficialismo como a la oposición. También se reportaron afiches con mensajes a favor de perfiles ligados al gobierno actual y al expresidente López Obrador.
Algunos de los candidatos con antecedentes de cercanía al partido gobernante Morena buscan ocupar cargos en la Suprema Corte, los tribunales electorales y de disciplina judicial.
La presidenta Claudia Sheinbaum ha reiterado el llamado a la participación sin expresar apoyo a algún perfil específico. El INE recordó las prohibiciones vigentes, aunque no se han emitido sanciones por posibles faltas.
Analistas han advertido que esta elección judicial se presenta como una medición del respaldo político hacia Sheinbaum y su partido. Señalan también que la nueva forma de elección podría tener implicaciones en la independencia judicial.
Entre los asuntos que deberá resolver la futura Suprema Corte figuran temas como la prisión preventiva oficiosa, la atención a víctimas, sentencias internacionales y funciones de seguridad e inteligencia del Ejecutivo federal. La reforma que habilitó estos comicios fue cuestionada por diversas organizaciones internacionales, así como por los gobiernos de Estados Unidos y Canadá.
