La administración de Donald Trump, durante su primera semana, desmanteló medidas enfocadas en la justicia ambiental implementadas en administraciones previas.
Estas políticas buscaban mejorar la salud en comunidades expuestas a altos niveles de contaminación, habitadas principalmente por personas de raza negra, latinos y estadounidenses de bajos ingresos.
Entre las acciones se encuentra la eliminación de un grupo asesor de la Casa Blanca encargado de garantizar la colaboración gubernamental con estas comunidades.
Trump también canceló la iniciativa “Justice40”, que exigía destinar el 40% de los beneficios de programas ambientales a áreas gravemente afectadas por la contaminación.
Además, los análisis para la aprobación de nuevas instalaciones industriales dejarán de considerar factores relacionados con los impactos ambientales en comunidades ya vulnerables, lo que podría limitar el acceso a fondos destinados a proyectos de justicia climática bajo la Ley de Reducción de la Inflación de la administración anterior.
En una decisión más amplia, Trump eliminó una política federal de la era Clinton que priorizaba la atención a los problemas de salud ambiental en comunidades de bajos ingresos y minorías.
Asimismo, retiró a Estados Unidos del Acuerdo de París, un pacto internacional diseñado para combatir el cambio climático, marcando un giro significativo en la política ambiental del país.
