El presidente de Corea del Sur, Yoon Suk Yeol, decidió no responder más preguntas tras haber sido detenido por funcionarios anticorrupción por su polémica declaración de ley marcial en diciembre.
Su defensa argumenta que la investigación es ilegal y que la orden de detención emitida por el Tribunal del Distrito Oeste de Seúl carece de validez. El caso está siendo revisado por el Tribunal del Distrito Central, que podría determinar su liberación o avalar su arresto formal en las próximas horas.
Yoon fue detenido tras un operativo masivo que incluyó un allanamiento de cinco horas en la residencia presidencial. Las autoridades investigan si su intento de desplegar tropas en el Parlamento surcoreano constituye rebelión.
Su mandato fue suspendido el 14 de diciembre, cuando el Parlamento aprobó su destitución. La decisión final sobre su destitución recaerá en el Tribunal Constitucional. Mientras tanto, si se formaliza su arresto, los investigadores podrían extender su detención hasta 20 días mientras se prepara su posible acusación.
El caso ha generado protestas y apoyo divididos en las calles de Seúl. Yoon enfrenta cargos de rebelión y abuso de poder, por los cuales podría ser condenado a cadena perpetua o pena de muerte según las leyes surcoreanas. La situación ha desatado una crisis política sin precedentes desde la democratización del país en los años 80.
