El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, afirmó que la fuerza pública no cumplirá órdenes de la fiscalía que carezcan de respaldo legal, en respuesta al allanamiento de la vivienda del exministro Félix Alvarado.
El mandatario aseguró que la justicia en el país enfrenta una crisis provocada por acciones arbitrarias del Ministerio Público. También anunció un mecanismo para revisar las órdenes emitidas por la fiscalía, sin ofrecer mayores detalles.
Arévalo denunció que el allanamiento, realizado por fiscales encapuchados, incluyó la confiscación de documentos personales de Alvarado, a quien describió como un funcionario íntegro.
Además, el presidente criticó las acciones recientes de la fiscal general, Consuelo Porras, incluyendo persecuciones judiciales contra operadores de justicia, periodistas y defensores de derechos humanos, situación que ha sido señalada por organismos internacionales.
El presidente recordó que enfrenta varias solicitudes de retiro de inmunidad presentadas por la fiscalía, las cuales no han prosperado. Por otro lado, mencionó casos emblemáticos, como el de José Rubén Zamora y Ligia Hernández, vinculándolos a una supuesta manipulación judicial que afecta la democracia y los derechos fundamentales en Guatemala.
