El Instituto Nacional Electoral (INE) se encuentra en el proceso de asignación de diputaciones y senadurías de representación proporcional, basándose en los resultados de las elecciones del 2 de junio.
Este procedimiento ha generado un debate sobre la aplicación de la cláusula de sobrerrepresentación que establece la Constitución, lo que afecta la composición de las bancadas en el Congreso de la Unión.
El gobierno, Morena y sus aliados, abogan por una interpretación literal de la ley, lo que les otorgaría la mayoría calificada en la Cámara de Diputados.
Sin embargo, expertos constitucionalistas y en materia electoral argumentan que deben considerarse los valores electorales previstos en la Constitución, lo que asignaría más escaños a los partidos de oposición. La Secretaría de Gobernación, aunque no tiene competencia en este asunto, ha presentado proyecciones sobre la distribución de las bancadas.
La interpretación del artículo 54 constitucional está en el centro de la discusión. Este artículo establece que ningún partido puede tener más de 300 diputados y que la sobrerrepresentación no puede exceder el 8% de su votación nacional.
Expertos indican que el INE debe considerar los votos de la coalición Morena-PT-PVEM para determinar si incurren en sobrerrepresentación. La situación es complicada por la ausencia de un artículo en la ley que trate a las coaliciones como un solo partido, lo cual ha llevado a la interpretación literal de la norma por parte del INE.
