El presidente Andrés Manuel López Obrador, quien asumió el cargo hace casi seis años, centró su administración en beneficiar a los pobres.
Para ello, eliminó programas sociales existentes y creó otros nuevos, incrementando el gasto social en diversos grupos, como personas mayores, jóvenes desempleados, estudiantes, agricultores y personas con discapacidades.
Sin embargo, este enfoque redistributivo ha llevado a que los más pobres reciban menos proporción del gasto social en comparación con gobiernos anteriores, mientras que algunos de los más ricos han comenzado a recibir beneficios que no necesitan.
Una de las iniciativas más destacadas del gobierno de López Obrador fue la implementación de una pensión universal para adultos mayores, anunciada en 2019. Esta pensión duplicó la cantidad otorgada anteriormente y se extendió a personas que no calificaban antes, independientemente de sus ingresos.
Este cambio ha sido criticado por expertos como Robert Greenstein de la Brookings Institution, quien señala que los programas universales distribuyen los beneficios más ampliamente, pero diluyen el impacto en quienes más lo necesitan.
A pesar de las críticas, estos programas sociales han sido muy populares y candidatos opositores han prometido mantenerlos e incluso ampliarlos.
El programa de pensiones se ha convertido en el mayor gasto social del gobierno, superando otros programas como Jóvenes Construyendo el Futuro y Sembrando Vida.
Sin embargo, la eliminación de programas focalizados como Prospera, que beneficiaban directamente a los más pobres, ha cambiado la distribución de los fondos gubernamentales.
Aunque millones de personas han salido de la pobreza, la pobreza extrema ha aumentado en aproximadamente 400,000 personas.
Además, el informe bienal del gobierno muestra que el segmento más pobre de la población ha visto una reducción significativa en su proporción del gasto social, mientras que los más ricos reciben más.
