Un tribunal federal del Estado de México otorgó libertad provisional a ocho militares relacionados con la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa en 2014. Estos militares, pertenecientes a los batallones 27 y 41 de Infantería de Guerrero, estaban acusados de desaparición forzada y delincuencia organizada.
La decisión del juzgado se basó en la consideración de que mantenerlos en prisión preventiva era innecesario y sin justificación, a pesar de los argumentos de la Guardia Nacional sobre el riesgo elevado de fuga que presentaban los implicados.
Organizaciones como el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), Fundar, Tlachinollan y SeraPaz criticaron esta resolución, acusando a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) de favorecer a los militares implicados y de no cooperar completamente en la investigación al retener documentos esenciales.
Según estas organizaciones, esta actitud de la Sedena perpetúa la influencia desmedida del poder militar en los asuntos de justicia del país, obstaculizando el esclarecimiento del caso Ayotzinapa, especialmente relevante en el contexto de las próximas elecciones presidenciales del 2 de junio.
