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El Gobierno mexicano reveló que miembros del Ejército tuvieron una relación con el grupo delictivo Guerreros Unidos, lo cual “facilitó” la desaparición forzada de 43 estudiantes normalistas en Iguala, Guerrero, la noche del 26 al 27 de septiembre de 2014.
El informe “Ayotzinapa, narrativa de los hechos de acuerdo con la investigación realizada”, publicado en el noveno aniversario del suceso bajo el mandato del presidente Andrés Manuel López Obrador, destaca la vinculación de las autoridades con dicho grupo.
El texto señala:
“Al momento de la desaparición de los estudiantes, Guerreros Unidos tenía una notable penetración en las autoridades de seguridad y combate al narcotráfico. La red, que involucraba a autoridades de los tres niveles de gobierno, fue un factor determinante en la desaparición de los normalistas”.
El municipio de Iguala, ubicado en el corredor Acapulco-Cuernavaca-Estados Unidos, es un punto clave en el tráfico de drogas. Un año previo al incidente, se registró que 18 grupos del crimen organizado operaban en la región.
Guerreros Unidos mantenía una contienda con Los Rojos, particularmente tras un decomiso del Ejército en abril de 2014. Este conflicto se intensificó con la toma de Carrizalillo, en Guerrero, por Guerreros Unidos, esperando represalias de Los Rojos.
El reporte se construyó con información de varias entidades, incluyendo la Sedena, FGR, CNI, GIEI, Fiscalía General de Guerrero, CNDH y la DEA de Estados Unidos.
Detalla la estructura de Guerreros Unidos y cómo operaban en siete regiones durante la desaparición de los normalistas.
Con información de Infobae
