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El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) emitió un comunicado en respuesta a la información que circuló sobre supuestos pagos realizados a comunidades dominadas por el crimen organizado durante el Censo Agropecuario 2022.
El organismo confirmó que se registraron cuatro incidentes en los que se impidió el libre tránsito de encuestadores, además de diez retenciones durante el levantamiento de datos.
El Inegi aseguró que siempre se priorizó la seguridad e integridad física de su personal de campo y que cada retención fue atendida de acuerdo con los protocolos correspondientes. Sin embargo, la directora general adjunta de Censos Económicos y Agropecuarios del Inegi, Susana Pérez Cadena, reveló que en algunos casos fue necesario pagar por el acceso a zonas bajo influencia del crimen organizado y contratar personal conocido por los criminales para garantizar la seguridad de los encuestadores.
La funcionaria aclaró que hubo algunos tropiezos, incluyendo un caso en el que una persona encuestadora fue retenida durante varios días, aunque negó que se tratara de un secuestro.
El Inegi reiteró que se trató de hechos aislados que no pusieron en riesgo la integridad de los más de 28 mil encuestadores involucrados en el Censo Agropecuario.
La revelación sobre los supuestos pagos y la contratación de personal conocido por los criminales para el censo ha generado preocupación y llamados a investigar y esclarecer los hechos.
