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El Gobierno de Estados Unidos inició una investigación sobre posibles actos de corrupción de la empresa farmacéutica Pfizer en México, según una investigación realizada por Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI).
Hasta el momento, no se especifica el periodo al que corresponde la investigación ni los detalles exactos de los presuntos actos de corrupción.
En su informe financiero anual, Pfizer reveló que el Departamento de Justicia de Estados Unidos había iniciado una investigación relacionada con sus operaciones en México.
La empresa farmacéutica mencionó que recibió una solicitud informal de documentos por parte de la Unidad FCPA del Departamento de Justicia, en busca de información sobre sus operaciones en nuestro país.
La Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA) prohíbe a las empresas estadounidenses realizar pagos a funcionarios extranjeros para obtener o retener negocios.
Esta ley se aplica no solo a empresas en territorio estadounidense, sino también a sus subsidiarias en cualquier parte del mundo. Las sanciones por incumplimiento pueden ser severas, incluyendo multas multimillonarias y acciones penales contra los ejecutivos involucrados.
La investigación sobre los posibles actos de corrupción de Pfizer en México está a cargo del Departamento de Justicia y la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) de Estados Unidos, quienes comparten la autoridad para hacer cumplir la ley FCPA. Ambas autoridades solicitaron documentos a Pfizer desde marzo de 2023, y fue hasta mayo que la empresa farmacéutica reportó la investigación a sus inversionistas.
Además de la investigación en curso, se observa un aumento significativo en los contratos asignados a Pfizer durante la actual Administración. Los contratos se triplicaron, al pasar de 2,692 millones de pesos entre 2012 y 2018 a 9,876 millones de pesos desde 2019 hasta el primer trimestre de 2023, según datos de Compranet.
Es importante destacar que los contratos mencionados no incluyen las compras de vacunas contra el Covid-19, ya que esa información está bajo reserva por el Gobierno de México hasta 2025, por “razones de seguridad nacional”.
