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Hoy el desarrollo de la investigación sobre el paradero o posible asesinato de los normalistas de Ayotzinapa se complica más.
Se trata de la nueva “verdad histórica” en la que se acusa al Estado de ser el principal responsable de lo ocurrido en Iguala y culpa al ejército y gobierno federal de los hechos, invocando una gran conspiración para eliminar toda huella de lo sucedido.
Esta teoría del caso, minimiza la participación probada del alcalde de Iguala y su esposa, así como de los mandos de policía de tres municipios quienes trabajaban bajo las órdenes de un grupo criminal, estas policías son los responsables directos de secuestrar a los estudiantes y entregarlos a los sicarios quienes después los habrían asesinado. Esta es la parte que sé olvida para imponer la nueva teoría de conspiración del Estado mexicano en estos lamentables sucesos. En esta “verdad” se privilegian las declaraciones de criminales confesos que hablan de oídas y se exhiben textos entre ellos, sin presentar pruebas de que efectivamente sucediera lo que de palabra declaran. La fiscalía no cruza estas declaraciones con las de otros testigos y pruebas, dando por válidas las que se acomodan a la historia que quieren construir.
Esta nueva verdad se empieza a complicar.
La Fiscalía General de la República se ha desistido de la acción penal contra 21 sujetos, de las 83 órdenes de presentación que el subsecretario de gobernación Alejandro Encinas, pedía, entre estas órdenes están las de 16 integrantes de las FFAA dejando a la Unidad Especializada de Investigación y Litigación por la desaparición de los 43 normalistas expuesta por la aparente falta de rigor en su investigación.
La nueva verdad histórica ha enfrentado al Fiscal Alejandro Gertz, con el sub secretario Encinas, en una pelea de pronóstico reservado, donde ya hay daños colaterales, el ejercito, familiares de los desaparecidos, la sociedad y el gobierno han salido lastimados de esta guerra que apenas comienza.
Desde el mes pasado la FGR retiró a los 13 agentes investigadores comisionados a la UEILICA y los investiga por posibles actos de corrupción, dejando a esta unidad sin capacidades de operación. Una pérdida difícil de reponer ya que estos elementos conocían perfectamente el voluminoso expediente y llevaban todas las investigaciones del caso.
La FGR no les ha comisionado a nuevos elementos y no da señas de querer hacerlo. Hoy después de tres años a su cargo el fiscal especial para el caso Ayotzinapa, Omar Gómez Trejo, ha presentado su renuncia al entender que la fiscalía se ha quedado de facto inoperante.
Por razones políticas y personales Encinas, persigue una teoría que le va acostar mucho trabajo probar ante un juez, lo exhibido hasta ahora carece de un verdadero rigor probatorio y ha complicado la relación entre el ejercito mexicano y la sociedad, una relación que es vital para el presidente si quiere lograr su agenda política y de seguridad en lo que queda de su sexenio.
El caso de los estudiantes de la normal en Ayotzinapa se ha vuelto un problema para este gobierno, tal vez por ello en este sexenio se busca que las Normales Rurales mueran de inanición de mil 195 millones de presupuesto que recibían en 2015, hoy el presidente les asigna solo 170 millones de pesos.
