Entre los muchos foros de Historia, uno de los pocos serios y académicos que existen, suele haber cierto descontento—desencanto más bien—en el que alguno de los quejosos pretende protestar a favor de los mitos impuestos por dedazo presidencial, mismos que siguen siendo pasto de ignorancia y lugares comunes en los libros de texto que durante décadas se ha impuesto desde la SEP-Smithsonian para adoctrinar, en vez de educar, a generaciones de mexicanos.
Una de las quejas pretendía justificar la falta de pruebas y hasta la sobra de evidencias que cuestionan tanto a personajes como supuestos hechos, alegando que “la historia no es un proceso judicial”.
Para desgracia de quien patentaba su amor al oficialismo más rancio solo puede decirse que por el contrario, la historia es una ciencia; y que como tal se fundamenta precisamente en pruebas, testimonios y evidencias, más que en comodidades o caprichos.
Otra de las justificaciones pretendía legitimar el mito y la mentira, sosteniendo que la Historia oficial es “fruto del ideal y del ingenio de los que la han escrito, con sus sacrificios y empeños”.
A lo anterior no puede menos que responderse en el mismo espíritu de lo suscrito anteriormente: la historia se valida con pruebas y apuntala hechos reales; su omisión o distorsión no es menos nociva y dolosa pese a las supuestas “buenas intenciones” (bastante dudosas y que tampoco legitiman el error ni la falsedad) de quienes, a sueldo del sistema político mexicano, la han pretendido imponer desde el poder.
Otra de las excusas pretendía espantar a quienes la cuestionan e investigan más allá del catecismo impuesto por el Estado “revolucionario”, amagando con que “contribuir a su destrucción (?) no edifica nuestra posición, antes la denigra”.
Esta última lamentación por desgracia nos remite como ejemplo nada menos que a la anterior directora del INEHRM, quien en el sexenio pasado, antes de ser nombrada para este puesto, lloriqueaba en La Jornada que se hiciera menos a los héroes impuestos por la historia oficial.
Su postura fue consecuente: una vez en el cargo se dedicó a cometer un delito de opacidad como funcionaria pública, eliminando archivos públicos y acceso libre a millones de mexicanos que podían consultar documentos históricos tanto en el Archivo General de la Nación, el Archivo Histórico Diplomático y el Histórico de la Secretaría de la Defensa Nacional.
Las opiniones vertidas en este espacio son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan, necesariamente, el pensamiento de Código Libre.
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