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Cuenta una historia que después de la matanza en la Plaza de las Tres Culturas el Gobierno de Díaz Ordaz entró en crisis. Muchos de sus colaboradores querían presentar su renuncia y los rumores de un Golpe de Estado inminente, contando con el visto bueno del embajador de los Estados Unidos, estaban en marcha. Se decía que el elegido para que asumiera la Presidencia era el entonces jefe del Departamento del Distrito federal, Alfonso Corona del Rosal.
En medio de la crisis, se le informa a Díaz Ordaz que el secretario de la Defensa Nacional, Marcelino García barragán, iba de camino a verle. El presidente asume que vienen a exigirle su renuncia, se coloca la banda presidencial y se dispuso a esperar la llegada del general, esperando lo peor.
Al presentarse el militar con todos los jefes de las zonas militares Díaz Ordaz lo saluda: “A sus órdenes general secretario, ¡dígame!”, y su secretario de Defensa le responde:
“Señor Presidente, en estos momentos difíciles y delicados, el ejercito mexicano, y aquí están presentes todos los jefes de las comandancias militares del país, viene a reiterarle su lealtad al presidente de la República y su respeto a las instituciones, cuente con nosotros para mantener la democracia”.
Este es el tamaño del respeto que tienen las Fuerzas Armadas (FFAA) por la democracia y lo claro que tienen cuál es su papel en ella.
Con este texto no exculpo las acciones de algunos miembros del Ejercito Mexicano en la “Masacre de Tlatelolco”, donde se culpa al general jefe del Estado Mayor presidencial, Luís Gutiérrez Oropeza, de haber ordenado la colocación de francotiradores en las azoteas de Tlatelolco y abrir fuego contra la multitud.
El pretender hoy involucrar, otra vez, a las Fuerzas Armadas como partícipes en una acción concertada entre grupos criminales y autoridades municipales, la desaparición de 43 personas en Iguala, es querer recrear lo sucedido en el 68, volver a culpar al Estado dejando fuera a los verdaderos autores materiales e intelectuales de estos sucesos.
Este gobierno hoy da órdenes de aprehensión contra mandos y elementos del Ejercito Mexicano, elementos que ya han declarado al respecto. Involucra, con declaraciones carentes de pruebas y sustento, a funcionarios actuales de la CDMX y ajusta la historia para exculpar la corrupción y contubernio entre las autoridades municipales de Iguala y el crimen organizado, autoridades que emanaron del mismo partido donde militaban quienes hoy acusan al Estado de este crimen.
La tragedia de Iguala, y muchas otras más, es producto de varias causas, tal vez la principal es la impunidad en este país, que ha sido una de las principales causas del crecimiento del crimen y la violencia en México; hace falta poder aprehender, procesar y condenar a quien se roba una bicicleta y a quien asesina a sangre fría a unos sacerdotes. Si ambos delitos no se persiguen, si quienes lo hacen salen impunes, estamos condenados a seguir padeciendo la violencia que vivimos.
El insistir en desviar la investigación por razones políticas y pretender con ello dar por cerrado la investigación es mentir a México usando a las FFAA como chivo expiatorio.
