La Guardia Nacional nació con la aspiración de ser una fuerza civil, bien entrenada e incorruptible que pacificara al país y desbancara a los militares en las labores de seguridad pública. Ocurrió al revés.
No solo parece estar a punto de perder el único anclaje “civil” que le quedaba —pasar de depender de la Secretaría de Seguridad a estar bajo el mando del jefe del Ejército— sino que el presidente aspira a que la labor de los militares en esta área sea permanente. Y pretende hacerlo aunque no tenga el apoyo del Congreso.
Soy presidente de México y creo que conviene el que la Guardia Nacional quede como una rama de la Secretaría de la Defensa para que se le dé estabilidad en el tiempo y no se corrompa
Andrés Manuel López Obrador
Agregó que tanto la Marina como el Ejército deberán apoyar en esas labores de seguridad pública más allá de 2024, el plazo límite que actualmente establece la Constitución.
No está claro todavía cómo logrará su objetivo o si será mediante un decreto, puesto que su partido no tiene la mayoría parlamentaria para modificar la Carta Magna, pero la idea ya ha hecho saltar todas las alarmas y no solo por cuestiones legales, también porque ni la Guardia Nacional, ni los militares han logrado bajar los niveles de violencia en el país.
Lo ocurrido esta semana en varias ciudades del noroeste es el último ejemplo: balaceras, incendios y ataques coordinados por grupos del crimen organizado que han sembrado el pánico entre la población civil y han puesto en jaque a las autoridades.
La ONU alertó el jueves de que la militarización de funciones civiles básicas, como la seguridad pública, puede debilitar la democracia de cualquier país. Colectivos de derechos humanos nacionales e internacionales temen que el aumento de poder de los militares, al institucionalizarse, no tenga marcha atrás y abra las puertas a más abusos, dado que las fuerzas armadas no cuentan con un sistema adecuado de rendición de cuentas.
López Obrador reitera que ya no se toleran las violaciones a los derechos humanos y que no hay impunidad, pero la justicia sigue pendiente en muchos casos del pasado y los abusos continúan, aunque sea en menor medida.
Solo de la Guardia Nacional, la Comisión Nacional de Derechos Humanos tiene registradas más de mil quejas y en cinco ocasiones ha emitido recomendaciones por uso excesivo de la fuerza, tortura o excesos contra migrantes.
A la espera de ver cómo se concretan los planes de López Obrador, una cosa queda clara para muchos colectivos sociales, como De Robina, la abogada del Centro Prodh: los planes del presidente desacatan “por completo la obligación de que la seguridad pública sea civil” y abren las puertas a que los militares puedan actuar sin ningún tipo de limitaciones ni en el tiempo ni en estrategias.
Con información de AP
