Por el Vanguardia me vengo a enterar que hay quienes dándose baños de pureza—o por simple mezquindad política, que nunca falta—pretenden señalar, desde su propia casa con techo de vidrio, y no dudo que hasta tengan el mal tino de querer incluso legislar prohibir a académicos y docentes laborar también como funcionarios públicos en el Estado.
Y esto es tan absurdo como arbitrario, porque viola derechos humanos fundamentales: es tan lícito como legítimo lo mismo que un Académico o Docente pueda ejercer como funcionario público, al igual que un funcionario público en sus horas libres pueda a su vez ejercer la Docencia siempre y cuando no se contraponga con un horario de tiempo completo en uno u otro ámbito.
Pretender que se les reduzca de manera impositiva a ejercer solamente una función sería tan absurdo como discriminatorio, injustificado y por ende también carente de legitimidad por cuanto se atenta contra un derecho humano fundamental como lo es la libertad de poder desempeñarse libremente en el trabajo o las labores que la persona, por sus capacidades y aptitudes, desea ejercer.
Quien quiera fustigar académicos por esto lo haría violando, no uno sino dos derechos humanos fundamentales sancionados a nivel internacional y garantizados por la misma Constitución Mexicana—ratificada hasta por Tratados internacionales en nuestro país desde el 2011—como lo son el Derecho Humano al Trabajo y el Derecho a la Libertad Individual, y lo subrayo: dos derechos humanos se estarían violentando por legislar de manera demagógica.
En caso dado, lo que debería de regularse es que no existan aviadores que cobren en la función pública y en la docencia, o a quienes no cumplan con lo primero por descuidar lo segundo, y viceversa.
Pero atentar contra la libertad laboral e individual no es la solución, si es que en realidad este es el problema de fondo que se quiera erradicar y no una ocurrencia mezquina como las del presidente López que—consciente de su incapacidad natural para laborar ni contribuir en nada—impuso un decreto que prohíbe a los ex presidentes (a los que ya se les había quitado la pensión además) trabajar en empresas o compañías del sector privado después de su mandato.
Una medida absurda por impositiva, a la vez que mezquina e injusta, pues también viola el Derecho Humano al Trabajo y el Derecho a la Libertad Individual.
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